México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alista la discusión y la eventual confirmación de la no procedencia del registro de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, como nuevo partido político, como lo determinó el Instituto Nacional Electoral .
El proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés establece que sí hubo financiamiento de origen desconocido, lo que no permitió certidumbre respecto a la licitud de sus fuentes de financiamiento «y, por tanto, no existe certeza por cuanto a la autenticidad y validez del procedimiento efectuado por la organización».
Además, la presencia de ese tipo de recursos afectó la validez de 51.1% de las 219 asambleas constitutivas que fueron declaradas válidas, lo que habría viciado el proceso de constitución como partido, según se lee en el proyecto, de 268 páginas, difundido por el mismo Vargas Valdés en su cuenta de Twitter y que aún deberá ser discutido por el pleno de magistrados.
Para esa discusión, la dirigencia de Morena y personas en lo particular demandaron que se excuse de participar el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, lo que deberá ser resuelto previamente por el pleno de la Sala Superior.
El TEPJF concedió la razón a México Libre sólo en este último punto, y determinó que esas aportaciones en especie por 1 millón 806 mil 687 pesos sin factura no constituyeron una irregularidad, por lo que se plantea eximir a la organización de una multa por 361 mil 363 pesos.
Pero Vargas plantea confirmar, como lo estableció el INE, que sí hubo recepción de aportaciones de sujetos no identificados a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., y eso representó el 6.98% de los recursos totales con los cuales financió sus actividades la organización aspirante.
La mayor parte de estos recursos ingresaron en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, y febrero de 2020, en que se realizaron 51.1% de las asambleas válidas, por lo que éstas quedaron afectadas por el ingreso irregular de recursos, según Vargas.
En el análisis del magistrado, de anularse las asambleas realizadas en los meses tocados por ese tipo de recursos de procedencia desconocida, la organización no cubriría el requisito de 200 asambleas distritales válidamente realizadas.
Además, en los meses en que se recibieron ese tipo de recursos la organización afilió a 145 mil 38 militantes, 55.31% del total de afiliaciones validados por el INE: 262 mil 221 mil.
Anular esas afiliaciones en los meses donde se obtuvieron recursos de forma irregular, dejaría a la organización sin el número mínimo de militantes exigidos por ley para acceder al registro.
Así, las aportaciones en efectivo de sujetos no identificados «resultan determinantes para acreditar que no existe certeza que permita verificar la autenticidad y legalidad de las actuaciones efectuadas para satisfacer las exigencias legales».
En aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general, con fundamento en el Acuerdo 9/2020 aprobado por la Sala Superior para la publicación de los proyectos de resolución… (1/9) https://t.co/5KkRQoUFp0 pic.twitter.com/I2fV8g9AsJ
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) October 13, 2020
Con Información de Agencia
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