México.- Alejandra Arriaga Romero, sentenciada a 40 años de prisión por el homicidio de su esposo, José Ángel “N”, un exmilitar retirado, obtuvo la libertad este viernes a través de la amnistía, al ser considerada una persona en condición de vulnerabilidad y discriminación, pues era violentada por su entonces marido y estaba siendo agredida por él cuando ocurrieron los hechos.
La libertad de Alejandra fue promovida por la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), quien consideró que la mujer no se juzgó con perspectiva de género, en la carpeta de investigación no se integraron las denuncias penales que previamente presentó por las agresiones, y el juez del Tribunal de enjuiciamiento la declaró culpable al considerar que el homicidio ocurrió en venganza por los maltratos. “En conclusión, no se respetaron sus derechos humanos”.
PIDH expuso que la noche del 31 de mayo de 2015, Luis Ángel pretendía agredir sexualmente a Alejandra y amenazó con matarla con un arma blanca. Por su condición de exmilitar, tenía varias armas de fuego en la casa; para defenderse, ella sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, se la arrojó y con el golpe accidentalmente se accionó e impactó al esposo.
Conforme a la relatoría, de inmediato Alejandra llamó a la ambulancia y al Ministerio Público (MP), pero como los agentes no llegaron, acudió por iniciativa propia a la Fiscalía –donde fue detenida- para narrar los hechos e informar sobre las agresiones constantes de su esposo desde 14 años atrás, cuando contrajeron matrimonio.
El marido, refirió la organización civil en su solicitud de amnistía, frecuentemente la humillaba, la ofendía, golpeaba y la violentaba física, sexual y psicológicamente, incluso varias ocasiones intentó asfixiarla con almohadas.
La AC aseguró que también se faltó al debido proceso porque el domicilio fue supervisado por los agentes hasta el siguiente día, sin aplicar los protocolos ni salvaguardar las evidencias, y no se presentó el informe policial homologado.
Por todo lo anterior, la organización sustentó la petición de libertad en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Amnistía estatal, en los que se consideran beneficiarios de la libertad los casos sospechosos de violación a los derechos humanos, personas en situación de vulnerabilidad o discriminación y mujeres violentadas.
La libertad de Alejandra es la número 41 de las amnistías conseguidas por PIDH; antes, se otorgaron cuatro por delito grave, antes de la emisión de la sentencia, y 36 por delito no grave. La asociación también ha concretado la libertad anticipada y la condicional, según el caso, de 89 personas privadas de la libertad que ya alcanzaban el beneficio y cumplían los requisitos de ley.
Con información de Proceso
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