‘Me robaron la confianza y la paz’ al difundir el video íntimo: mujer que denunció a sus 11 amigos
México.- Mónica* ha sido blanco de una batalla psicológica y legal desde 2019, cuando 11 amigos cercanos de la preparatoria estatal en la que estudiaba el quinto semestre -siete de ellos compañeros de clase- difundieron un video íntimo sin su consentimiento a través de un grupo de WhatsApp llamado Licenciados en Molestar , el cual también enviaron a su madre Carolina* e incluso lo vendieron en 50 pesos a otros alumnos.
Sin embargo, Mónica* abrió hace unos días la puerta para que se castigue penalmente, y por primera vez, la violencia digital en Yucatán, al judicializarse su caso en una audiencia realizada en Mérida, la cual duró más de ocho horas.
«Iba mentalizada en que no iba a darse el resultado que yo quería en la audiencia, que no habría una resolución a favor de mi caso, pero me llenó el alma de esperanza que la jueza nos diera la razón después de tantos años de lucha».
LA LUCHA Y EL CALVARIO
Al ser menor de edad –entonces tenía 16 años-, Mónica y su mamá tomaron la vía legal para buscar justicia y en diciembre de 2019, presentaron la denuncia ante la FGE de Yucatán, luego de un intento de conciliación por parte de autoridades escolares un par de meses antes, donde solo recibieron insultos de los padres de los agresores, además de que el acoso y el bullying escalaron en las semanas siguientes.
Recuerda que ella y su madre estuvieron a punto de «tirar la toalla» ante la falta de apoyo de las autoridades escolares y ningún resultado por parte de la FGE. «No pensé que fuera un calvario denunciar», dice Carolina, quien comenta que derivado del acoso ella y su hija terminaron «en el psiquiátrico, tomando medicamentos para dormir y antidepresivos, hasta hoy».
UNA BATALLA GANADA
Dos años después, en diciembre de 2021, la FGE resolvió, tras analizar el caso, la no acción penal en contra de los jóvenes. Sin embargo, Mónica y su madre recabaron más pruebas e ingresaron una impugnación la cual rindió frutos el 24 de enero pasado cuando una juez de control reactivó el asunto, vinculó a proceso a los agresores y ordenó al Ministerio Público investigar el delito de violencia digital.
«Por primera vez, luego de la resolución, me dormí diez horas seguidas sin tomar la medicación, o sea, es algo que nunca había pasado en el transcurso de todo este tiempo», dice Carolina con voz entrecortada.
Para Yucatán, señala Mónica, se trata de «un paso muy grande para que otras mujeres que viven este tipo de casos accedan a la justicia», pero también para presionar a las autoridades estatales para que capaciten al personal en perspectiva de género, que no hay.
Con información de 24horas
