Durango. — La muerte de Paloma Nicole, una adolescente que falleció el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María de Durango, ha desatado indignación social y una investigación judicial por presunta mala praxis médica y posibles irregularidades en el consentimiento para una cirugía estética.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que se abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo y omisión de cuidados, luego de que el padre de la menor, Carlos Arellano, denunciara que su hija fue sometida a una intervención quirúrgica sin su autorización.
Contradicciones familiares y hallazgos en el funeral
Inicialmente, ambos padres firmaron el certificado de defunción que atribuía la muerte a edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, sin solicitar una necropsia. Sin embargo, durante el funeral, el padre aseguró haber descubierto cicatrices y signos de implantes en el cuerpo de la joven, lo que lo llevó a exigir la necropsia legal.
“Vimos que tenía implantes, implantes en la niña, y vimos las cicatrices que le habían hecho”, denunció.
El padre también acusó a su expareja, Paloma Escobedo, de haber engañado a la familia al afirmar que la menor estaba enferma de Covid-19 y de haber autorizado la cirugía estética sin su consentimiento.
Investigación judicial y antecedentes médicos
La fiscal general, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que la responsabilidad se determinará una vez integrados todos los elementos:
“Se procederá conforme a derecho, sin importar quiénes sean los familiares de una parte u otra”, afirmó.
La investigación se centra en la validez del consentimiento firmado y en la actuación del médico identificado como Víctor Manuel “N”, cirujano plástico certificado, quien realizó el procedimiento. Medios locales han señalado que no sería el primer caso de fallecimiento relacionado con sus intervenciones.
Necropsia y situación legal de la clínica
El Servicio Médico Forense confirmó de manera preliminar que la causa de muerte fue edema cerebral con complicaciones pulmonares, aunque el dictamen definitivo podría tardar hasta 20 días.
Por su parte, el secretario de Salud estatal, Moisés Najera Torres, informó que la clínica cuenta con permisos vigentes de Cofepris y reconoció que el caso es complejo debido a las discrepancias entre los padres.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existió mala praxis médica y si la madre de la menor incurrió en omisión de cuidados al presuntamente autorizar la cirugía estética sin el consentimiento del padre.
