Ciudad de México.— Legisladores federales de Morena por Hidalgo y representantes de la dirigencia estatal del partido presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para solicitar que se investigue a la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria por posibles irregularidades relacionadas con una propiedad de lujo.
De acuerdo con la información difundida sobre la querella, el inmueble está ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y tendría un valor superior a los 40 millones de pesos. Los promoventes pidieron que la autoridad federal revise el origen de los recursos presuntamente empleados tanto para adquirir como para mantener la residencia.
La denuncia fue presentada por los siete diputados federales de Morena correspondientes a Hidalgo, así como por los senadores Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Sandra Simey Olvera Bautista. También participó Marco Antonio Rico, dirigente estatal de Morena en esa entidad.
Solicitan investigar posibles delitos
Entre las conductas que los denunciantes solicitaron investigar se encuentran el presunto enriquecimiento ilícito, la simulación fiscal y las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La presentación de la denuncia, sin embargo, no implica que los posibles delitos estén acreditados ni determina por sí misma la responsabilidad de alguna persona.
Corresponderá a la FGR analizar los documentos y señalamientos entregados para determinar si existen elementos suficientes para iniciar o continuar actos de investigación. En su caso, la institución también deberá establecer si los hechos planteados corresponden a su competencia y si pueden configurar alguna conducta sancionada por la legislación penal.
Los representantes de Morena centraron sus señalamientos en las dudas que, según expusieron, existen sobre la procedencia de los recursos vinculados con la operación inmobiliaria. La información disponible no detalla qué documentos específicos fueron anexados a la denuncia ni establece si la Fiscalía ya abrió formalmente una carpeta de investigación.
Piden revisar operaciones de dos empresas
La querella también plantea que sean examinadas las operaciones en las que aparecen Borsa Inmuebles y Corporativo Awiki. Ambas sociedades son mencionadas dentro de la cadena de movimientos relacionados con la residencia y han sido señaladas en reportes periodísticos por supuestas irregularidades de carácter fiscal.
Los legisladores y dirigentes morenistas solicitaron que las autoridades determinen cuál habría sido la participación de estas empresas y si las operaciones realizadas cumplieron con las obligaciones legales y fiscales correspondientes. Por ahora, no se ha informado de alguna resolución oficial sobre las sociedades mencionadas.
Otro de los puntos incluidos en la denuncia es la petición para revisar los antecedentes de contratación de Corporativo Awiki con el gobierno de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira Valdez, esposo de Carolina Viggiano.
Los promoventes buscan que la Fiscalía analice si existe alguna relación entre esos contratos y los recursos vinculados con la residencia. La información proporcionada no precisa los montos, fechas, objetos contractuales o dependencias involucradas en dichas contrataciones, por lo que esos aspectos quedarían sujetos a la revisión de las autoridades.
Señalamientos deberán ser acreditados
Hasta el momento, la denuncia representa una solicitud formal de investigación formulada por integrantes de Morena. Los señalamientos contra Viggiano, Borsa Inmuebles y Corporativo Awiki mantienen el carácter de presuntos mientras no exista una determinación de la autoridad competente.
En la información difundida sobre la presentación tampoco se incluyó una postura de Carolina Viggiano, de Rubén Moreira o de representantes de las empresas señaladas. Asimismo, no se reportó una respuesta pública de la FGR respecto del trámite que dará a la querella.
La Fiscalía deberá valorar la información entregada y, en caso de encontrar indicios, realizar las diligencias necesarias para esclarecer el origen de los recursos y la legalidad de las operaciones señaladas. Cualquier eventual responsabilidad tendrá que establecerse mediante el procedimiento correspondiente y con respeto al derecho de defensa y a la presunción de inocencia.
