CHIHUAHUA.- La gobernadora Maru Campos Galván acusó a Morena de haber promovido la impugnación que derivó en la eliminación de una parte de la reforma electoral de Chihuahua destinada a sancionar a candidatos beneficiados por la intervención del crimen organizado.
Al fijar su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mandataria afirmó que el fallo retiró de la legislación estatal las disposiciones que impedían conservar la candidatura a quien hubiera ganado con apoyo del crimen.
“La Corte le quitó a la reforma de Chihuahua exactamente lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones”, declaró Campos Galván. Estas expresiones corresponden al posicionamiento político de la gobernadora sobre la resolución.
Reforma buscaba anular elecciones
De acuerdo con la explicación ofrecida por Campos, el Congreso de Chihuahua había reformado la legislación para establecer la anulación de una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado. También contemplaba que el candidato beneficiado por esa participación perdiera la candidatura.
La gobernadora sostuvo que el objetivo era evitar escenarios en los que grupos criminales pudieran influir en el registro de aspirantes, las campañas o el resultado de una elección.
“Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, señaló.
Campos indicó que la mayoría del Congreso estatal aprobó la reforma, mientras que Morena votó en contra. Posteriormente, el partido presentó ante la Suprema Corte la acción contra la legislación.
La mandataria responsabilizó directamente a Morena por la impugnación y sostuvo que tanto la votación legislativa como el expediente judicial documentan la postura asumida por ese partido. En el material difundido con su posicionamiento no se incluyó una respuesta de Morena a estos señalamientos.
Cuestiona consecuencias del fallo
Según la interpretación expuesta por la gobernadora, la resolución permite que un candidato señalado por beneficiarse de dinero, amenazas o armas del crimen organizado conserve la posibilidad de competir nuevamente si una elección es anulada y debe repetirse.
“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura”, expresó.
Campos advirtió que la intervención criminal puede presentarse mediante financiamiento ilícito, amenazas o agresiones contra candidaturas. Sin embargo, en su mensaje no detalló casos específicos ni explicó los razonamientos jurídicos completos utilizados por la mayoría de la Corte para invalidar las disposiciones cuestionadas.
La gobernadora también destacó el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien, según el posicionamiento, respaldó la postura de Chihuahua al considerar que la intervención del crimen en una elección representa una afectación grave al voto libre.
Chihuahua buscará otra vía legal
Campos Galván aseguró que el Gobierno del Estado acatará la resolución de la Suprema Corte, aunque rechazó que Chihuahua deba renunciar a establecer medidas contra la intervención criminal en los procesos electorales.
“Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar que el crimen elija a sus gobernantes”, manifestó.
La mandataria anunció que su administración buscará reponer las disposiciones eliminadas mediante las alternativas legales que queden disponibles. Indicó que el proceso involucrará al Gobierno estatal, al Congreso y a la sociedad chihuahuense, aunque no presentó una propuesta concreta ni un calendario para impulsar una nueva reforma.
“Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”, concluyó la gobernadora.
