Ciudad de México.– Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su compromiso de colaboración bilateral en materia de seguridad, centrando sus esfuerzos en el combate al crimen organizado transnacional y el tráfico ilegal de personas, drogas y armas a lo largo de la frontera común.
Durante una reunión sostenida entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ambas naciones destacaron que esta cooperación se basará en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.
Como parte del acuerdo, se estableció una estrategia de seguridad que incluye acciones inmediatas y coordinadas entre instituciones de ambos países, con participación de cuerpos de seguridad nacional, autoridades judiciales y agencias especializadas.
Entre las prioridades destacan:
El combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
La lucha contra el contrabando de armas hacia México.
La detección y eliminación de túneles clandestinos en la frontera.
El combate a flujos financieros ilícitos que financian a los cárteles.
La intensificación de inspecciones, investigaciones y procesos judiciales conjuntos.
Además, se pondrá especial atención en delitos como el robo de combustible, que afectan directamente a ambas naciones.
Con el fin de asegurar la efectividad del plan, se conformó un grupo de implementación de alto nivel, encargado de dar seguimiento periódico a los compromisos establecidos. Este grupo tendrá reuniones regulares para evaluar resultados, compartir inteligencia y ajustar acciones según el avance de la estrategia.
Hasta el momento, autoridades de ambos países han reportado progresos en la seguridad fronteriza, la reducción del tráfico de fentanilo y un mayor intercambio de inteligencia.
En paralelo al frente de seguridad, también se acordó reforzar la cooperación en materia de salud, especialmente en campañas de prevención del abuso de opioides y otras sustancias ilícitas, así como el fortalecimiento de programas de salud pública dirigidos a jóvenes y comunidades vulnerables.
Ambos gobiernos reiteraron su compromiso de proteger a sus ciudadanos y construir comunidades más seguras, haciendo frente no solo a las redes criminales, sino también a las causas sociales detrás de las adicciones y la violencia.
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