Caracas.– La militarización de la vida pública en Venezuela se ha intensificado de manera sostenida y plantea serias amenazas para el ejercicio de los derechos humanos, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en su más reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en Ginebra.
De acuerdo con el informe, el proceso de militarización iniciado tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se ha profundizado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ampliando la presencia y el control de la Fuerza Armada en ámbitos tradicionalmente civiles. La Constitución de 1999 sentó las bases de la denominada “unión cívico-militar”, que derivó en la creación de estructuras como la milicia bolivariana y en la ocupación de cargos clave por militares activos o retirados.
En septiembre de 2025, el Ejecutivo venezolano emitió el Decreto Presidencial 5.164, mediante el cual se crearon y activaron las Áreas de Defensa Integral (ADI) en todos los municipios del país. Estas estructuras, bajo mando estrictamente militar y dependientes del Ministerio de la Defensa, establecen una conducción paralela a las autoridades civiles electas, lo que en la práctica genera una doble capa de poder en el ámbito local.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como PROVEA, han advertido que la expansión de las ADI constituye un paso decisivo hacia la militarización total del país y representa una amenaza directa para libertades fundamentales como la asociación, la reunión y la protesta pacífica.
A este marco se suma la aprobación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, firmada en noviembre de 2025, que crea el Comando para la Defensa Integral (CDI) y fortalece los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI). Estas instancias cívico-militares tienen atribuciones en ámbitos económicos, sociales y culturales, lo que, según expertos, institucionaliza un sistema de vigilancia y control sobre la vida cotidiana bajo la lógica de la “defensa del régimen”.
El informe del Alto Comisionado también alerta sobre prácticas de reclutamiento forzoso para las milicias bolivarianas, incluyendo presiones contra menores de edad, adultos mayores y empleados públicos, lo que vulnera la Constitución venezolana y el derecho a la libertad de conciencia.
La ONU y organizaciones civiles coinciden en que esta creciente militarización ocurre en un contexto de cierre del espacio cívico, persecución política y criminalización de la protesta social. Según el análisis, Venezuela avanza hacia un modelo de control social militarizado que reduce la autonomía civil y aumenta el riesgo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.
El llamado de los organismos internacionales es a que estas alertas no sean ignoradas y se adopten medidas urgentes para revertir el deterioro institucional y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población venezolana.