Espectáculos.- El cantante Julio Iglesias inició acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, por declaraciones que considera gravemente injuriosas y calumniosas.
El equipo jurídico de Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación luego de que Yolanda Díaz compartiera el 13 de enero de 2026, en su cuenta de la red social Bluesky, una publicación titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales”, acompañada de un comentario en el que calificó los testimonios como “escalofriantes” y habló de “abusos sexuales” y una “situación de esclavitud”.
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Un día después, durante una entrevista en el programa La Hora de la 1 de RTVE, la funcionaria reiteró y amplió dichas afirmaciones, atribuyendo públicamente al artista un régimen de abusos y explotación laboral.
El escrito legal solicita que Díaz rectifique públicamente sus declaraciones, reconozca su carácter injurioso, admita que se realizó un juicio paralelo desde una autoridad pública y cubra una indemnización que será determinada por el tribunal por el daño causado. La defensa advierte que, de no alcanzarse un acuerdo, se interpondrá una querella penal por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias.
Contexto de las acusaciones
Las declaraciones de la vicepresidenta se originaron tras una investigación periodística publicada en enero de 2026 por elDiario.es en colaboración con medios internacionales. En el reportaje, dos extrabajadoras —identificadas con seudónimos— acusaron al cantante de presuntos abusos sexuales y un ambiente de coerción y maltrato en residencias ubicadas en Punta Cana y Lyford Cay, hechos que habrían ocurrido en 2021.
Una organización no gubernamental presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España; sin embargo, el 23 de enero de 2026 la causa fue archivada por falta de jurisdicción, al considerar que los hechos ocurrieron fuera del territorio español y sin vínculos suficientes para ser investigados en ese país.
Julio Iglesias negó categóricamente las acusaciones en un comunicado emitido tras la publicación del reportaje, asegurando que nunca ha cometido abusos ni ha faltado al respeto a ninguna mujer.
El caso ahora se centra en el ámbito legal por las declaraciones públicas realizadas por una alta funcionaria del Gobierno español, lo que podría derivar en sanciones económicas, obligación de retractación e incluso consecuencias penales si prospera una eventual querella.
