Una jueza federal en California amplió una orden que permitirá a más inmigrantes detenidos solicitar audiencias de fianza, tras una política instaurada por el gobierno de Donald Trump que limitó drásticamente este derecho desde julio pasado. Se estima que miles de personas podrían beneficiarse, aunque la decisión aún podría ser apelada.
La jueza de distrito Sunshine S. Sykes extendió esta semana una orden previa que inicialmente protegía solo a los inmigrantes incluidos en una demanda de California. Desde ahora, la medida se aplicará a nivel nacional, beneficiando a los inmigrantes sin antecedentes penales que hayan sido detenidos lejos de la frontera.
El cambio de política
Hasta mediados de 2025, los no ciudadanos detenidos sin historial delictivo podían solicitar una audiencia de fianza y, de ser aprobada, permanecer libres mientras avanzaba su proceso en el tribunal de inmigración. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) modificó su interpretación legal y eliminó este derecho para miles de inmigrantes.
Sykes consideró ilegal esa nueva norma, lo que reabre la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza en muchos casos. Sin embargo, no beneficiará a todos: quienes tengan condenas penales o estén bajo una orden de expulsión acelerada seguirán sin acceso a ese recurso.
Reacciones legales y posibles apelaciones
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citó una decisión anterior de la Junta de Apelaciones de Inmigración que respaldaba el cambio de política. También argumentó que la norma previa permitió la liberación “peligrosa” de millones de extranjeros indocumentados sin ser investigados. No se ha confirmado aún si el gobierno apelará el fallo de la jueza Sykes.
El abogado Matt Adams, representante de los demandantes, aseguró que algunos jueces de inmigración ya comenzaron a informar a detenidos sobre su derecho a solicitar una audiencia de fianza desde que se emitieron las órdenes judiciales.
Impacto en familias y comunidades
Según Adams, entre los detenidos hay personas que han vivido durante años o incluso décadas en Estados Unidos, sin antecedentes criminales y con familiares ciudadanos estadounidenses, pero que permanecían encarceladas sin opción de liberación durante largos procedimientos migratorios.
