Washington, D.C. – Una jueza federal otorgó el miércoles una segunda pausa temporal a la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento a los bebés nacidos en EE. UU. de padres que se encuentren ilegalmente en el país.
La jueza Deborah Boardman, quien emitió la decisión en un tribunal federal de Greenbelt, Maryland, señaló que ningún tribunal en el país ha respaldado la interpretación de la 14ª Enmienda que presentó el presidente Trump y agregó que “este tribunal no será el primero”.
Según reportó The Hill, la jueza argumentó que la orden de Trump “va en contra de los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”, y recordó una histórica decisión de la Corte Suprema de 1898 sobre el mismo tema, la cual sostuvo que la ciudadanía es un derecho inherente bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.
“La ciudadanía es un derecho más precioso, otorgado expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, afirmó Boardman durante su fallo.
La jueza también subrayó que la política de ciudadanía por nacimiento es una “preocupación nacional que exige una política uniforme”, y agregó que “solo una orden judicial a nivel nacional proporcionará un alivio completo a los demandantes”.
Este fallo llega poco después de que otro juez de Seattle emitiera un bloqueo temporal similar, el cual vence el día de mañana, cuando se celebrará una nueva audiencia al respecto.
Tras leer su fallo desde el estrado, la jueza Boardman preguntó a un abogado del gobierno si apelarían su decisión. El abogado respondió que no tenía la autoridad para dar una respuesta inmediata sobre esa pregunta.
La jueza, quien fue nominada por el presidente Joe Biden, otorgó la orden preliminar después de una audiencia en el tribunal federal de Maryland. Grupos defensores de los derechos de los migrantes, como CASA y el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, así como un grupo de madres embarazadas, presentaron la demanda ante Boardman.
Además, un grupo de 22 fiscales demócratas también solicitó el bloqueo de la política, argumentando que la medida es inconstitucional y perjudicial para las familias migrantes.
