Ciudad de México.— Un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales contra la reforma que obliga a la entrega de datos biométricos para la Clave Única de Registro de Población (CURP), en respuesta a dos amparos promovidos por los ciudadanos Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Oswaldo Rivera González, argumentó que la entrega de información biométrica, como huellas dactilares y reconocimiento facial, representa un daño irreparable si posteriormente se determina que la ley es inconstitucional. Por ello, ordenó que los quejosos no sean obligados a proporcionar sus datos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La reforma, publicada el pasado 16 de julio, establece que la CURP biométrica será el documento de identificación obligatorio en todo México. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que la entrega de datos será voluntaria, con fines de colaboración en temas como la búsqueda de personas desaparecidas. La suspensión judicial refleja la tensión entre la letra de la ley y la interpretación oficial sobre su optatividad.
El juez Rivera González deberá resolver el 1 de septiembre si concede la suspensión definitiva, la cual protegería a los quejosos durante todo el proceso legal. Eventualmente, un tribunal colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirán la constitucionalidad de la reforma.
Mientras tanto, el Registro Nacional de Población (Renapo) mantiene su plan operativo: enviar la CURP biométrica por correo electrónico a quienes ya se registraron a partir de octubre. El documento tendrá medidas de seguridad como QR y marcas de agua, pero no será una credencial física oficial como el INE.
Esta decisión marca la primera batalla legal contra la implementación de la CURP biométrica y podría abrir el camino a más recursos judiciales en defensa de la privacidad de los ciudadanos.
