La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró haber reunido pruebas suficientes para señalar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en decisiones relacionadas con una red dedicada al contrabando y robo de hidrocarburos.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, Ruffo Appel aparece como accionista y miembro del Consejo de Administración de Ingemar, compañía que habría sido utilizada en la logística para trasladar combustible mediante ferrotanques.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario panista presuntamente intervino en decisiones clave de la operación. Sin embargo, las investigaciones continúan y la información disponible no precisa si existe una imputación formal, una orden de aprehensión o alguna resolución judicial en su contra.
Según el comunicado citado, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible que recurría al transporte ferroviario para desarrollar sus actividades.
“Los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar la red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de dicha empresa, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la cual presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales”, señala el documento oficial.
FGR revisa operaciones de Ingemar
Ingemar se presenta como una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. No obstante, la FGR reportó que la compañía registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que, de acuerdo con las autoridades, no corresponderían con su perfil fiscal y empresarial.
La dependencia federal también señaló que las ganancias detectadas en las operaciones investigadas serían inconsistentes con las actividades declaradas por la compañía. A partir de estos elementos, el Ministerio Público federal busca establecer el grado de participación de sus accionistas y directivos.
La versión presentada por la Fiscalía contrasta con el argumento atribuido a la empresa, según el cual su intervención se limitaba a la logística de importación y a la realización de trámites aduanales en la frontera.
El Gabinete de Seguridad habría vinculado al exgobernador con al menos dos casos relacionados con el llamado huachicol fiscal. Este término es utilizado para describir esquemas de introducción, traslado o comercialización irregular de combustibles, generalmente mediante documentación o declaraciones fiscales presuntamente falsas.
Aseguramientos en Coahuila y Tamaulipas
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron dos operativos en Coahuila en los que fueron asegurados 15 millones de litros de hidrocarburo. El combustible era transportado en 129 ferrotanques que, según la información oficial, estaban vinculados con operaciones de Ingemar.
En Tamaulipas también se reportaron dos aseguramientos relacionados con la misma firma. En esas acciones fueron decomisados alrededor de siete millones de litros de combustible, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades federales.
En conjunto, los aseguramientos referidos por la investigación suman aproximadamente 22 millones de litros. La FGR busca determinar el origen, destino y situación fiscal del producto, así como la participación que habría tenido cada persona o empresa involucrada en su traslado.
Investigación permanece abierta
La Fiscalía sostiene que los datos recabados muestran una participación activa de Ernesto Ruffo Appel en la toma de decisiones dentro de la estructura investigada. Esa afirmación forma parte de la postura ministerial y todavía deberá ser sustentada ante las instancias judiciales correspondientes si el caso avanza hacia un proceso penal.
Ruffo Appel fue gobernador de Baja California y ha ocupado otros cargos públicos bajo las siglas del Partido Acción Nacional. En este caso, su nombre aparece por su relación corporativa con Ingemar y por la presunta intervención que le atribuyen las autoridades.
El expediente continúa en integración. Hasta que exista una sentencia firme, las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia y será una autoridad judicial la encargada de determinar eventuales responsabilidades.
