Chenalhó, Chiapas.— Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom solicitaron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno ante las amenazas y restricciones que, según denunciaron, les impone un grupo armado establecido en esta comunidad de Los Altos de Chiapas.
Las personas afectadas aseguran que los presuntos líderes del grupo, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), les exigen “cooperaciones” para comprar municiones, les impiden salir libremente y presionan a niñas, niños y jóvenes para consumir drogas. Los señalamientos fueron difundidos mediante un video y un comunicado; hasta el momento, el material proporcionado no incluye una respuesta de las autoridades aludidas.
“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, expresa un hombre que lee el comunicado frente a un grupo de mujeres y menores. El video aparece fechado el 5 de octubre de 2026.
Denuncian multas y cobros para comprar municiones
De acuerdo con el testimonio, cada persona que sale de la localidad debe pagar una multa de mil 500 pesos. Las familias sostienen que ya no pueden cubrir esa cantidad porque las restricciones también les impiden trabajar y trasladarse para adquirir productos básicos.
“Seguimos encapsulados, no tenemos libertad de salir a comprar”, indica el documento. Los denunciantes también acusan que han sido obligados a vender bienes pertenecientes a familias desplazadas de Centro Tzanembolom, una localidad colindante.
Según el comunicado, quienes se oponen a las instrucciones reciben amenazas. Las familias también señalan a autoridades rurales de llegar armadas para intimidarlas y advierten que podrían ser atacadas si son encontradas en caminos o veredas.
El documento menciona el asesinato de Eleuterio Arias Pérez, ocurrido, según los denunciantes, el 20 de octubre de 2025. Afirman que el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó tuvieron conocimiento del caso. Además, reportan el presunto asesinato de un adolescente de 15 años, quien habría sido enterrado en la misma comunidad sin que el caso se hiciera público.
En relación con los menores, las familias sostienen: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”. Por tratarse de acusaciones graves, corresponde a las autoridades investigar los hechos, determinar responsabilidades y establecer medidas de protección.
Piden intervención de autoridades estatales y federales
Los denunciantes identifican a cuatro supuestos líderes y cinco presuntos comandantes del grupo, aunque sus nombres no se reproducen en esta nota. Aseguran que estos últimos reciben pagos mensuales, mientras las familias deben entregar dinero para la compra de balas.
También afirman que, durante un programa gubernamental reciente de canje de armas por electrodomésticos, el grupo señalado no entregó armamento.
La petición de auxilio está dirigida al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; al fiscal general estatal, Jorge Luis Llaven Abarca; al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las familias temen represalias después de hacer pública la denuncia y advierten que podrían registrarse disparos como forma de intimidación. La persona que entregó el material al medio Chiapas Paralelo señaló que en esta situación se encuentran 15 familias, integradas por alrededor de 145 personas.
Antecedentes de desplazamiento en Tzanembolom
Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, de donde fueron desplazadas 67 familias, equivalentes a 267 personas, entre febrero y julio de 2024. El desplazamiento ocurrió después del asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez, registrado el 13 de febrero de ese año. Sus vecinos afirmaron que fue emboscado por negarse a portar armas.
Las familias desplazadas acusaron anteriormente la operación del llamado Ejército Civil Indígena, presuntamente aliado de Los Herrera y vinculado por los denunciantes con el CJNG. También señalaron el reclutamiento de menores y la venta de cafetales, lotes y otros terrenos pertenecientes a quienes fueron expulsados.
A más de dos años de esos hechos, las familias de Centro Tzanembolom continúan sin regresar y permanecen en refugios o viviendas rentadas. A sus denuncias se suman ahora las de habitantes de Fracción Tzanembolom, quienes solicitan garantías de seguridad y una intervención inmediata de las autoridades.
