México.- En la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), antes Procuraduría, que les ha dado la espalda por diez años es que este jueves familiares de las víctimas del multiasesinato del caso Narvarte claman justicia.
Ha pasado una década del aquel 31 de julio de 2015, fecha en la que los cadáveres del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz aparecieron asesinados en un domicilio de la colonia Narvarte.
Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén, afirma a EFE que ya van tres sexenios y cada uno de ellos ha guardado impunemente este caso en un cajón, y las autoridades han manipulado las evidencias para su beneficio, por lo que ninguna línea de investigación ha sido agotada.
Espinosa Becerril pinta con determinación la palabra “justicia” en las paredes de la fiscalía capitalina y reconoce que el gobierno actual, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es “cómplice” del silencio.
Carta a la presidenta Sheinbaum
Aún así, declara que el 21 de julio mandó una carta a la mandataria para que la atienda a ella y a todas las víctimas que se suman en México, el país más peligroso para ser periodista en Latinoamérica, según Reporteros Sin Fronteras.
“En la carta estamos pidiendo que seamos atendidos, que obviamente se esclarezca el caso. Cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno (de la Ciudad de México) prometió que iba a recibir a las familias, no se cumplió, y le estamos recordando que aquí estamos”, sentencia.
Detrás de la pintada “La 4T (cuarta transformación) es cómplice”, Espinosa Becerril explica que el gobierno mexicano “ni acompaña ni escucha” y tampoco protege a las víctimas.
“Hay dos opciones: tienen miedo a enfrentarse a estos grandes poderes, como el crimen organizado, o finalmente están involucrados”, sostiene tras visibilizar que este caso no ha recibido investigación con la “debida diligencia” y, además, se han “eliminado evidencias”.
El encubrimiento del caso
A este encuentro asistieron miembros de Artículo 19, organización que defiende la libertad de prensa, donde su director para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, recordó los hechos de “encubrimiento” por parte de las autoridades.
“En el caso Narvarte desde el principio, muy claramente, se delineó toda una estrategia de encubrimiento, primero deslindado la línea política que tenía que ver con Javier Duarte -entonces gobernador del estado de Veracruz- y su gobierno en la persecución en contra de Rubén y de Nadia”, describe sobre aquel 2015.
Además advierte que está “plenamente documentado” -por las organizaciones y la prensa- la participación del citado gobierno estatal en “el asesinato de periodistas, tortura, femincidios y desapariciones” a través de la figura del entonces secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, quien sigue sin rendir cuentas por estos delitos.
Asimismo, destaca que actualmente persiste una “estrategia mediática de estigmatización y descrédito a las víctimas” al criminalizarlas y emitir “filtraciones de mala fe” para “enrarecer el caso”.
En esa misma línea, expresa su preocupación ante la reforma del Poder Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y respaldada por Sheinbaum, pues considera que con ello el sistema de justicia está “en vías de empeorar”.
“Da cuenta de que parte de la estrategia política de concentración de poder está en no mejorar las fiscalías, porque son estos pactos político-criminales los que se tienen que revelar (…) para que la violencia en México cese ”, declara.
Por último, Maldonado traduce un sentimiento generalizado entre familiares y colectivos durante estos diez años, y es que “las víctimas le estorban al proyecto político actual como le estorbaron a los proyectos políticos anteriores”.
Con información de comunicado
EFE / Ana Báez
