Ciudad de México.– La familia de Daniel Tadeo, repartidor de comida rápida que perdió la vida tras ser impactado por una camioneta en diciembre de 2024, rechazó el acuerdo reparatorio que inicialmente habían aceptado, al considerar insuficiente la indemnización ofrecida por la parte acusada y su aseguradora.
De acuerdo con el abogado de la conductora imputada, Marco Polo Rodríguez, en un principio se había pactado una compensación económica por un millón 500 mil pesos, propuesta avalada por la aseguradora. Posteriormente, la representación legal de las víctimas indirectas solicitó que el monto se incrementara a dos millones de pesos, lo cual también fue aceptado. Sin embargo, la familia decidió no firmar el convenio y ahora exige un pago mayor.
“La aseguradora estuvo de acuerdo en todo momento con las cantidades propuestas, primero un millón y medio, después dos millones. Pero ahora están diciendo que no, que quieren más dinero”, señaló el litigante al salir de los Juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, donde este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia del caso.
Por su parte, el abogado Francisco Gallego explicó que el objetivo de la diligencia era analizar la reapertura de la investigación complementaria. Según detalló, la legislación prevé esta figura en circunstancias excepcionales, aunque advirtió que los fines de dicha reapertura aún no se han cumplido.
Mientras tanto, en las inmediaciones de los juzgados capitalinos, familiares de Daniel Tadeo realizaron una manifestación pacífica para exigir justicia y el esclarecimiento del proceso. Aunque se negaron a dar declaraciones a la prensa, mostraron carteles con mensajes en los que reclamaban una sanción ejemplar para la responsable del accidente.
Daniel Tadeo, quien falleció tras el impacto, era repartidor de comida rápida y padre de dos menores de edad. Su pareja, quien lo acompañaba en la motocicleta al momento del percance, también resultó lesionada.
El caso ha generado debate en torno a la reparación del daño en procesos judiciales de carácter penal y la responsabilidad de las aseguradoras frente a las víctimas indirectas. La resolución definitiva aún está en manos de la autoridad judicial, que deberá determinar si se establece un nuevo acuerdo o si el proceso continúa su curso legal.
