Nezahualcóyotl, Méx.— Familiares y defensa legal de Jaime “N”, uno de los detenidos por su presunta participación en el asesinato de los DJs colombianos Bayron Sánchez (DJ B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), aseguraron que se trata de un caso de fabricación de culpables y violaciones al debido proceso, motivado por la presión mediática e internacional.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, Jaime “N” habría facilitado el vehículo Mercedes-Benz en el que se transportaron los cuerpos de las víctimas desde la zona de Polanco hasta Cocotitlán, donde fueron localizados decapitados y desmembrados el pasado 17 de septiembre. Sin embargo, su esposa, Anabel, su sobrina Georgina Montoya y su abogado, Ángel Carrera Juárez, aseguran que el detenido es inocente y que su detención carece de sustento legal.
Defensa señala falta de pruebas y procedimiento irregular
El abogado Ángel Carrera calificó la imputación como “débil y basada en supuestos”, y acusó que no existe evidencia directa que vincule a Jaime “N” con los hechos. “No hay datos de prueba, ni pruebas antropométricas forenses que acrediten que los acusados abordaron el vehículo, ni vínculos con el taller donde supuestamente se pintaron los rines del auto”, sostuvo.
Añadió que la defensa considera que el juez vinculó al detenido con el grupo delictivo Unión Tepito sin pruebas sólidas, lo que ha derivado en su encarcelamiento. El jurista indicó que, durante el juicio, buscarán demostrar la inocencia de su representado.
Familia denuncia violaciones al debido proceso
Anabel, esposa de Jaime “N”, expresó su indignación y aseguró que su esposo fue utilizado como “chivo expiatorio”. “Nunca hemos hecho nada malo. Llevamos 23 años en la misma casa, trabajando honradamente. Mi esposo es diabético, tiene 62 años y jamás ha estado involucrado en actividades ilícitas”, expresó.
Relató que el primer cateo a su domicilio se realizó sin orden judicial, mientras ella, su esposo y sus hijos se encontraban detenidos. Días después, las autoridades regresaron con una orden para “simular legalidad”, pero el registro ya se había llevado a cabo.
Georgina Montoya, sobrina del detenido, atribuyó la captura a la presión del gobierno colombiano. “Desde el inicio ha habido irregularidades. Mi tío no tiene vínculos con los otros acusados y no es ningún delincuente. Lo identifican como ‘El Puga’ por su apellido, no por un alias criminal”, señaló.
También cuestionaron las acusaciones iniciales de delitos contra la salud y cohecho, señalando que “no ofrecieron dinero” y que “no hay lógica en esa narrativa”.
Exigen revisión y juicio justo
La familia y los representantes legales insistieron en que el caso requiere una revisión exhaustiva, al considerar que las pruebas son insuficientes y que las detenciones obedecen más a intereses políticos y a la presión internacional que a evidencias fehacientes.
El proceso de investigación complementaria podría extenderse hasta por seis meses, periodo en el que la defensa buscará reunir elementos que acrediten la inocencia del acusado.
Las autoridades mexicanas no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones de fabricación de culpables, mientras que el caso continúa bajo investigación.
