ESTADOS UNIDOS.– Un ciudadano estadounidense fue acusado formalmente de orquestar un plan para incriminar a un migrante mexicano, a quien intentó vincular con una amenaza de muerte dirigida al expresidente Donald Trump. El caso ha generado gran indignación y cuestionamientos sobre el uso de falsas acusaciones como herramienta de intimidación y deportación.
Ramón Morales Reyes, un migrante mexicano de 54 años, fue detenido el pasado 22 de mayo en Wisconsin por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser acusado de enviar una carta manuscrita en la que presuntamente amenazaba con asesinar a Trump durante un mitin. La misiva también afirmaba que, tras el atentado, el autor se autodeportaría a México.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado el día de ayer, cuando la fiscalía estadounidense reveló que Morales Reyes era inocente, y que el verdadero autor de la carta era Demetric D. Scott, un hombre originario de Wisconsin con antecedentes criminales y cargos activos.
Según documentos judiciales, Scott falsificó la carta con el objetivo de inculpar a Morales Reyes y lograr su deportación, ya que el migrante era testigo clave en un juicio en su contra. La fiscalía presentó grabaciones de llamadas realizadas por Scott desde prisión, en las cuales detallaba su plan: “Este tipo es un inmigrante ilegal y sólo necesitan detenerlo”, se escucha decir. También aseguró que, al ser arrestado por ICE, el juicio se cancelaría y sus cargos serían desestimados.
Una pieza clave que permitió desmontar la acusación fue el hecho de que Morales Reyes no habla ni escribe inglés, lo que resultaba incompatible con la autoría de la carta. La falsificación fue enviada a varias autoridades estatales y federales con el nombre y dirección del migrante como remitente.
Actualmente, Ramón Morales Reyes permanece detenido en el centro de detención del condado de Dodge, Wisconsin, en espera de una resolución sobre su estatus migratorio y su posible liberación.
Por su parte, Demetric D. Scott enfrenta cargos por intimidación de testigos, robo de identidad, falsificación de documentos oficiales y dos cargos por fuga de fianza, entre otros delitos federales. Su intento de manipular el sistema judicial a través del engaño ha sido duramente condenado por las autoridades.
Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los migrantes frente a acusaciones infundadas y la importancia de garantizar procesos justos y transparentes, incluso en contextos altamente politizados.
