Nacional.- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, ha detonado un nuevo frente legal en la industria del entretenimiento por el uso de personajes reales en narcoseries y producciones televisivas.
El máximo tribunal resolvió en definitiva contra Telemundo Network Group por el uso no autorizado de la imagen de Ávila Beltrán en la promoción de la serie La Reina del Sur, lo que podría derivar en el pago de regalías por la explotación comercial de su imagen.
A partir de este precedente, otras familias cuyos nombres e historias han sido retratados en producciones audiovisuales analizan emprender acciones legales similares. Entre ellos se encuentra la familia de Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, quien habría manifestado su intención de reclamar derechos de imagen y regalías por la serie El Mochaorejas, estrenada el 23 de enero de 2026 en la plataforma ViX.
Asimismo, Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, ha expresado interés en exigir compensación por el uso de la intimidad familiar y fotografías del entorno del capo colombiano en producciones como Narcos y Escobar, el patrón del mal, que han alcanzado notoriedad internacional.
El abogado Isaac Razo Reyes, representante legal de Ávila Beltrán, reveló en entrevista con Milenio que ha sostenido conversaciones con los familiares de Arizmendi López y Escobar para iniciar procedimientos contra las plataformas y televisoras responsables. El litigante subrayó que el derecho de explotación de la imagen sigue vigente incluso cuando se trata de personas con antecedentes criminales, pues la protección legal se extiende a la dignidad y al entorno privado.
Razo Reyes advirtió además que muchas producciones no solo retratan hechos públicos, sino que muestran aspectos íntimos de la vida familiar, lo que podría constituir una vulneración a derechos fundamentales cuando existe un fin comercial.
Este nuevo escenario podría obligar a productoras y plataformas a negociar previamente el pago de regalías —que en algunos casos podrían alcanzar hasta el 40 por ciento de las ganancias generadas— antes de utilizar la historia, nombre o fotografía de personas reales con fines lucrativos.
En caso de no llegar a acuerdos, los representantes legales han señalado que estarían dispuestos a recurrir a instancias judiciales, incluso fuera de México, para reclamar las compensaciones correspondientes.
El fallo de la SCJN marca así un posible precedente en la industria audiovisual, al redefinir los límites entre la libertad creativa y el derecho a la propia imagen en producciones basadas en hechos reales.
