Bogotá, Colombia. — La muerte de al menos 22 exmilitares colombianos en Sudán, país azotado por guerras, epidemias y pobreza extrema, ha reavivado una preocupación creciente: la creciente participación de exintegrantes de las Fuerzas Armadas colombianas en conflictos armados extranjeros como mercenarios. El caso expone, una vez más, las consecuencias de la falta de seguimiento estatal sobre una población entrenada para la guerra, pero abandonada tras su retiro.
Este fenómeno no es nuevo. En julio de 2021, el mundo conoció el caso del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que se vieron involucrados 18 exmilitares colombianos actualmente detenidos en Haití y Estados Unidos. Más recientemente, imágenes provenientes de Ucrania muestran a colombianos capturados por tropas rusas, en condiciones deplorables, utilizados como propaganda para desmoralizar a las fuerzas extranjeras que combaten la invasión a cambio de promesas de ciudadanía y compensación económica.
Colombia, escenario del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental, ha desarrollado durante las últimas dos décadas unas Fuerzas Armadas altamente capacitadas, reconocidas internacionalmente por su efectividad. Gracias al entrenamiento constante —incluido el proporcionado por Estados Unidos— muchos soldados y oficiales lograron enfrentar con éxito a grupos insurgentes, paramilitares y narcotraficantes. Sin embargo, esta preparación también los convirtió en activos valiosos para el mercado global de la guerra.
Una vez retirados, ya sea por edad o por decisión propia, muchos de estos hombres han sido seducidos por ofertas económicas para poner sus habilidades al servicio de ejércitos privados o causas extranjeras. Lo preocupante es que el Estado colombiano, pese a haber invertido en su formación militar, no mantiene ningún control ni seguimiento sobre sus actividades tras la baja. Este vacío no solo representa una omisión en términos de responsabilidad social, sino también un riesgo potencial para la seguridad nacional.
En 2019 se aprobó una Ley de Veteranos, considerada un avance importante en el reconocimiento de los derechos de quienes sirvieron en las filas militares. Sin embargo, los beneficios siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema. Muchos exmilitares enfrentan dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales, factores que los empujan a aceptar trabajos en zonas de guerra o a integrarse en estructuras del crimen organizado que buscan mano de obra especializada.
La participación de exmilitares colombianos en conflictos ajenos, sin control institucional, abre un boquete serio en materia de seguridad y política exterior. Se hace urgente que el Estado diseñe e implemente mecanismos de seguimiento, asesoría, reinserción laboral y prevención, como ocurre en países con tropas igualmente capacitadas, como Estados Unidos o Reino Unido.
Ignorar esta realidad es perpetuar un ciclo que transforma a quienes fueron formados para proteger al país en piezas de guerra disponibles al mejor postor. Y, con ello, se mantiene una deuda histórica con quienes alguna vez defendieron la soberanía nacional.