Ciudad de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos, funcionarios y exfuncionarios de esa entidad de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la información difundida en el reporte original.
La acusación sostiene que los señalados habrían facilitado la importación de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. También les atribuye posibles conductas relacionadas con el tráfico de narcóticos y delitos vinculados con armas.
Rocha Moya, integrante de Morena y gobernador de Sinaloa desde 2021, rechazó públicamente los señalamientos. A través de su cuenta en X, afirmó que la acusación no solamente está dirigida contra su persona, sino también contra el movimiento político de la Cuarta Transformación.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, expresó el mandatario estatal.
Funcionarios mencionados en el reporte
Entre las personas identificadas se encuentra Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario de Sinaloa. También aparece Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, así como Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa.
El documento citado también menciona a Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos señalados como exjefes de la Policía de Investigación del Estado. Asimismo, incluye a José Antonio Dionisio Hipólito, identificado como exmando de seguridad y exsubdirector de la Policía sinaloense.
La información disponible hace referencia, además, al alcalde de Culiacán y a un excomandante de esa ciudad, aunque el material proporcionado no ofrece una relación completa y claramente desglosada de los diez nombres señalados. Tampoco precisa el tribunal, el número de expediente ni la fecha de presentación de la acusación.
Uno de los mencionados es Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Según el reporte, las autoridades estadounidenses lo relacionan con el secuestro de una fuente de la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA, y de uno de sus familiares. Ambos habrían sido asesinados posteriormente.
Para Valenzuela Millán se solicitaría una condena de cadena perpetua, mientras que para los demás acusados, incluido Rocha Moya, se contemplaría una pena mínima de 40 años de prisión, siempre de acuerdo con la versión presentada en el material original.
Presunta protección al Cártel de Sinaloa
El comunicado atribuido al Departamento de Justicia sostiene que los acusados habrían desempeñado distintas funciones para proteger al grupo delictivo. Entre ellas estarían facilitar información confidencial de corporaciones policiales y militares, evitar investigaciones y arrestos, y ordenar la protección de cargamentos de droga almacenados en México o trasladados hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses también los relacionan con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder de la organización criminal detenido en México, extraditado y sentenciado en Estados Unidos. Entre sus hijos se encuentra Ovidio Guzmán López, quien también fue capturado y enviado a territorio estadounidense.
México pide pruebas
El Gobierno mexicano señaló, según la información disponible, que Estados Unidos no ha entregado las pruebas necesarias para respaldar la acusación penal. El reporte añade que la Cancillería mexicana no contempla una entrega inmediata de las personas mencionadas.
Hasta el momento referido por la publicación original, no se había informado de una postura directa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso. Las principales reacciones conocidas procedían de algunos de los señalados en redes sociales.
Debido a que el material consultado no incluye el documento judicial completo ni datos del tribunal estadounidense encargado del procedimiento, los señalamientos deben considerarse acusaciones que todavía tendrían que ser acreditadas ante una autoridad judicial. Las personas mencionadas conservan su derecho a la presunción de inocencia y a responder mediante los mecanismos legales correspondientes.
