ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.— El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, mientras enfrenta un proceso penal por el delito de delincuencia organizada.
La jueza Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, concedió al exmandatario una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra la resolución mediante la cual le fue negada la prisión domiciliaria.
Sin embargo, la determinación judicial no implica que Ruffo Appel pueda abandonar el centro penitenciario federal. La medida tampoco cambia la prisión preventiva que le fue impuesta dentro del proceso penal ni ordena la celebración de una audiencia para revisar esa condición.
La resolución precisa que la suspensión definitiva no tiene efectos para instruir a la jueza de control, Alejandra Ramírez de la Vega, a realizar una audiencia destinada a modificar la medida cautelar. Por ese motivo, el exfuncionario deberá permanecer en el Altiplano durante el desarrollo del procedimiento.
En términos prácticos, la suspensión establece que el imputado quede a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde actualmente se encuentra recluido. Al mismo tiempo, la autoridad judicial encargada de la causa penal conservará el control sobre el desarrollo del proceso.
La jueza federal fundamentó su determinación en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. De acuerdo con la resolución descrita en el material del caso, esos preceptos no le permiten conceder una protección con efectos diferentes o más amplios que los previstos en la legislación aplicable.
La suspensión definitiva, por lo tanto, no representa una resolución final sobre la responsabilidad penal de Ruffo Appel. Tampoco debe interpretarse como una orden de libertad o como la sustitución automática de la prisión preventiva por el resguardo domiciliario que había solicitado.
La Fiscalía General de la República informó que durante el internamiento se garantizarán los cuidados de salud necesarios para el exgobernador. El material disponible no detalla su condición médica ni especifica los servicios que requiere, por lo que la información se limita al compromiso expresado por la autoridad federal.
Según los antecedentes incluidos en la información original, Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República. Posteriormente fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente.
La jueza de control lo vinculó a proceso junto con otras siete personas por su presunta participación en un esquema de contrabando de hidrocarburos relacionado con la empresa pesquera Ingemar. Ruffo aparece señalado como socio fundador y accionista mayoritario de esa compañía, de acuerdo con la información proporcionada.
Las acusaciones forman parte de una investigación que ha sido relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, expresión utilizada para referirse a operaciones presuntamente irregulares en la importación o comercialización de combustibles. En este caso, las autoridades le atribuyen una posible participación, señalamiento que deberá ser acreditado durante el proceso judicial.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme emitida por la autoridad competente. La defensa podrá continuar utilizando los recursos previstos por la ley para controvertir las decisiones judiciales.
Por ahora, la situación legal del exgobernador no cambia en cuanto al lugar y las condiciones generales de reclusión: seguirá internado en el penal federal del Altiplano y sujeto a prisión preventiva. El juicio de amparo continuará su trámite por separado, mientras la causa penal permanecerá bajo conducción de la jueza de control.
