Ciudad Juárez, Chihuahua.- El sistema de justicia estatal se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de denuncias ciudadanas y quejas de grupos no gubernamentales contra el titular del Juzgado Sexto de lo Familiar, José Miguel Arellano Sosa. Al funcionario judicial se le acusa de actuar con parcialidad y de cometer graves irregularidades en casos de custodia, destacando recientemente la demanda interpuesta por una madre de familia que asegura haber sido despojada de la patria potestad de su hijo de manera arbitraria.
Tania López, la madre afectada, relató que tras iniciar su proceso de divorcio, el juez Arellano Sosa decidió otorgar la guarda y custodia del menor de siete años al padre, a pesar de que este último únicamente había solicitado la disolución del vínculo matrimonial y no la custodia legal. La denunciante calificó esta acción como una medida arbitraria que ignora el bienestar del menor, señalando que ella ha sido la cuidadora principal y quien solventa la totalidad de las necesidades básicas y gastos educativos del niño, incluso después de habérsele impuesto a ella el pago de una pensión alimenticia desde el pasado mes de febrero.
La situación ha escalado hasta el Tribunal de Disciplina Judicial, donde se ha interpuesto una denuncia formal por las constantes violaciones procesales y la omisión del juez de juzgar con perspectiva de género, una obligación constitucional que, según la afectada, ha sido ignorada sistemáticamente. Tania López manifestó su desesperación tras meses de inacción judicial, relatando incluso un encuentro personal con el juez donde, a pesar de presentar pruebas en video de agresiones de las que ha sido víctima y comprobantes de pago de las colegiaturas del menor, la única respuesta del juzgador fue instarlos a “ponerse de acuerdo”.
Este caso ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles que vigilan el trato hacia las mujeres en los tribunales locales, ya que el juez Arellano Sosa acumula diversas quejas por presunta parcialidad. Mientras la madre de familia describe su proceso como “un infierno” legal, la opinión pública y diversos colectivos exigen una intervención real del Poder Judicial para revisar la actuación de este juzgado y garantizar que las decisiones prioricen verdaderamente el interés superior de la niñez y la equidad de género
