EE.UU.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este jueves a trámite la disputa legal sobre leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes escolares y universitarios femeninos.
El caso afecta a dos estudiantes transgénero, Lindsay Hecox y Becky Pepper-Jackson, que desafiaron respectivamente vetos estatales en Idaho y Virginia Occidental.
La cadena NBC News recordó que ambas han ganado resoluciones judiciales que les permiten seguir compitiendo. Hecox, de 24 años, está bajo tratamiento con estrógenos y supresión de testosterona, mientras que Pepper-Jackson, de 15, toma medicación para bloquear la pubertad.
Los argumentos orales se espera que tengan lugar más avanzado el año y la decisión hacia junio de 2026.
Idaho se convirtió en 2020 en el primer estado estadounidense en vetar la competición de alumnos trans en equipos coincidentes con su identidad de género.
Hace menos de dos semanas el Supremo, de mayoría conservadora, respaldó la ley del estado de Tennessee que prohíbe el acceso de los menores trans a bloqueadores de pubertad y terapias hormonales.
Su conclusión supuso un importante retroceso para los derechos de las personas trans no solo en Tennessee, ya que en más de 20 estados (casi la mitad de Estados Unidos) se habían aprobado medidas similares.
La nueva decisión de la máxima instancia judicial del país se da en la misma semana en que la Universidad de Pensilvania (UPenn) anunció que vetará a las atletas transgénero en deportes femeninos para resolver una investigación del Gobierno de Donald Trump sobre la nadadora transgénero Lia Thomas, a la que la institución retirará sus títulos.
El mandatario republicano inició su segundo mandato el 20 de enero y a principios de febrero firmó una orden ejecutiva destinada a cumplir una de sus principales promesas de campaña: prohibir que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.
Trump y otros detractores de la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas sostienen que estas deportistas cuentan con una ventaja injusta, una afirmación que la comunidad científica no respalda.
Su orden ejecutiva de febrero se basó en una interpretación del Título IX, una histórica ley federal de derechos civiles aprobada en 1972 y que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier escuela o programa educativo que reciba fondos federales.
Con información de comunicado
EFE
