Madrid (EFE).- El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el canario sobre los criterios por los que se realizará el reparto puntual de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias y de Ceuta ha despertado una vez más una guerra entre comunidades autónomas.
Ante la incapacidad de reformar el modelo de acogida de menores por falta de acuerdo con el PP, el Ejecutivo central y el canario ultiman una ley que al menos obligue a las comunidades a recibir a una parte de ellos según una fórmula que tendrá en cuenta criterios como la población, la renta y también el esfuerzo realizado hasta ahora.
Los casos de País Vasco y Cataluña
Pero, antes de que se concrete esa fórmula, el mero anuncio del principio de acuerdo ha despertado -de nuevo- una guerra entre las comunidades autónomas, en este caso con el argumento -desmentido tanto por el Gobierno central como el canario- de que Cataluña y el País Vasco van a quedar fuera.
Los criterios a partir de los que se hará el reparto son los fijados en la Conferencia Sectorial de 2022, pero se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado previamente, es decir, que comunidades como Cataluña o el País Vasco acogen más menores que las demás.
