Caracas, Venezuela.— Tras la detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su posterior comparecencia ante un tribunal en Nueva York, el papel que asumirá el Ejército de Venezuela se ha convertido en una de las principales incógnitas del proceso político que enfrenta el país. Analistas coinciden en que las Fuerzas Armadas seguirán siendo un actor central, aunque con una postura marcada por el cálculo, la cautela y la preservación de sus propios intereses.
Especialistas en política latinoamericana señalan que el estamento militar venezolano no es un bloque homogéneo. Si bien la cúpula castrense ha mostrado históricamente lealtad al proyecto chavista, esa cohesión podría verse tensionada ante un escenario inédito: la ausencia del líder político que durante más de dos décadas fungió como eje del poder civil-militar. En este contexto, se anticipa un ambiente de sospecha interna y reajustes estratégicos.
El politólogo Víctor M. Mijares considera que los mandos militares tenderán a alinearse con el grupo que perciban como más viable para garantizar su supervivencia política y jurídica. A su juicio, la prioridad no será impulsar un cambio de régimen inmediato, sino administrar una transición controlada que evite la exposición de redes de corrupción y posibles violaciones a derechos humanos acumuladas durante los últimos veinte años.
En la misma línea, el investigador Carlos Pérez Ricart advierte que, aunque no existían señales claras de fractura en la élite militar antes de los hechos recientes, la coyuntura podría abrir espacios de cooperación selectiva con actores externos, particularmente con Estados Unidos. Esta colaboración, subraya, no implicaría necesariamente un respaldo abierto a un nuevo gobierno, sino maniobras destinadas a proteger posiciones de poder.
La rapidez de la operación que derivó en la captura de Maduro ha alimentado versiones sobre posibles apoyos internos. El exasesor del Comando Sur, Manuel Supervielle, sostiene que sin algún grado de cooperación desde el entorno militar cercano al mandatario, la incursión habría enfrentado mayor resistencia. Aunque no existen pruebas públicas de una traición formal, el bajo nivel de confrontación armada ha generado cuestionamientos dentro y fuera del país.
Un elemento que ha cobrado relevancia es el papel del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, figura clave en la articulación entre el poder político y las Fuerzas Armadas. Su postura en las próximas semanas será determinante para definir si el Ejército respalda una transición gradual, mantiene la estructura actual o negocia garantías frente a la presión internacional.
Analistas también han destacado que parte de la seguridad personal del expresidente estaba a cargo de personal extranjero, particularmente cubano, lo que evidenciaría una falta de confianza plena en los cuerpos de inteligencia y seguridad nacionales. Este dato refuerza la idea de que la relación entre Maduro y el estamento militar venezolano ya mostraba fisuras antes de su detención.
Respecto a un eventual gobierno tutelado desde el exterior, las opiniones son cautelosas. Para Mijares, las Fuerzas Armadas difícilmente aceptarían una imposición directa, aunque reconoce que sus márgenes de maniobra son limitados ante la capacidad de presión de Washington, ahora percibida como creíble. En ese sentido, la amenaza de nuevas acciones militares o sanciones funciona como un factor de disuasión y negociación.
Finalmente, expertos coinciden en que un cambio de régimen rápido no resulta conveniente para las altas jerarquías militares. La estrategia más probable sería prolongar la estructura actual del poder mientras se construyen salidas que garanticen protección jurídica y política a sus integrantes. El proceso, advierten, sería de largo plazo y sin precedentes claros en la región, comparable solo de manera parcial con episodios como la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989.
Así, el Ejército venezolano se perfila como árbitro silencioso de la transición: un actor que, más que impulsar rupturas, buscará administrar el tiempo, minimizar riesgos y preservar su influencia en un país que enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.
