Nueva York.- Carolina Ibarra se aferra a la esperanza que le queda tras pelear durante nueve años por obtener el asilo en Estados Unidos luego de que un tribunal de apelaciones fallara en su contra.
La inmigrante mexicana, que es transexual, dice que la paraliza el miedo cuando piensa en que quizás se vea forzada a regresar su país natal, del que aún arrastra recuerdos dolorosos.
«Se burlan de uno, le dicen cosas, malas palabras. Me empujaban, trataban de agredirme por como yo era», dijo la mujer de 43 años cuyo nombre de nacimiento es Juan Carlos Ibarra. «Siempre mi físico fue muy femenino, mi voz fue muy femenina, entonces para mí fue muy difícil esconderlo».
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Louisiana le negó recientemente el asilo a Ibarra al afirmar una decisión anterior de la Junta de Apelaciones de Inmigración que se lo había negado en 2019.
La junta tomó esa decisión después de que un juez fallara en contra de la mexicana en octubre de 2017.
Las continuas negativas a su pedido de asilo han dejado «confundida» a Ibarra, aseguró. De momento sigue trabajando por las tardes como mesera en un restaurante en Albuquerque, Nuevo México, y reza para que su abogada pueda negociar con el gobierno estadounidense.
«Fue una forma de escapar. A personas como yo nos hacen mucho bullying, hay mucha discriminación», dijo.
Grupos como Human Rights Watch aseguran que en México y otros países de Latinoamérica se han registrado importantes avances legislativos en la defensa de los derechos de las personas LGBTTTI. Sin embargo, ese progreso ha quedado oscurecido por episodios de violencia.
Cristian González, investigador de derechos LGBTTTI del grupo, enumeró recientes actos de violencia contra personas LGBT en la Ciudad de México y en estados mexicanos cercanos a la frontera estadounidense.
«En estos últimos hay mucha violencia anti-LGBTTTI perpetrada no sólo por ciudadanos sino por grupos criminales. Algunos tienen como blanco a las personas LGBT particularmente porque éstas son más vulnerables y tienen menos sistemas de apoyo,» dijo González.
Human Rights Watch denunció en un informe emitido en 2020 que 138 salvadoreños y salvadoreñas deportados por Estados Unidos a su país natal desde 2013 fueron asesinados tras regresar a El Salvador. Camila Díaz, una salvadoreña transexual, fue una de ellas. En julio de 2020 un tribunal salvadoreño condenó a dos décadas de prisión a tres agentes de policía por el asesinato de Díaz.
En 2011, sin embargo, fue detenida en su casa cuando las autoridades migratorias fueron a arrestar a su compañera de piso por vivir en el país sin autorización y se dieron cuenta de que Ibarra estaba en la misma situación.
Pasó un mes detenida hasta que una empresa de pago de fianzas la liberó.
Después de eso, inició su proceso de asilo en las cortes migratorias. Eso le permitió obtener un permiso de trabajo temporal y un número de seguridad social.
Ahora se pregunta qué le deparan los días porque no sabe como sería una vida en México, donde no cree que lograría conseguir trabajo. Al mismo, tiempo no quiere vivir con miedo a la deportación en Estados Unidos.
«Yo quiero luchar hasta el último minuto. Ya sufrí mucho. No me gustaría estarme escondiendo», dijo Ibarra.
El gobierno del presidente Joe Biden ha emitido directrices de no detener a migrantes sólo por el hecho de vivir ilegalmente en Estados Unidos.
Con información de El Universal