Estados Unidos.- Los países integrantes del denominado Escudo de las Américas, entre ellos Estados Unidos, anunciaron su intención de aplicar medidas coordinadas contra ocho organizaciones del crimen organizado relacionadas con México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, también identificado como La Línea.
La declaración presentada por el grupo menciona en total a 24 organizaciones señaladas como “narcoterroristas”. La propuesta contempla acciones económicas, migratorias, penales y de cooperación internacional, aunque su aplicación dependerá de las leyes y obligaciones jurídicas de cada país participante.
El planteamiento no significa que todas las medidas hayan entrado en vigor de manera automática. El documento expresa la intención de coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra organizaciones consideradas parte del crimen organizado transnacional.
¿Cuáles son los ocho grupos mexicanos incluidos?
La lista incorpora a ocho organizaciones delictivas vinculadas con México:
- Cárteles Unidos.
- Cártel del Golfo.
- La Nueva Familia Michoacana.
- Cártel del Noreste.
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Cártel de Sinaloa.
- Los Viagras.
- Cártel de Juárez, también conocido como La Línea.
La inclusión del Cártel de Juárez resulta relevante para la región fronteriza de Chihuahua debido a la referencia directa a una organización históricamente asociada con esta zona. Sin embargo, la declaración difundida no detalla operativos específicos para Ciudad Juárez ni establece fechas para la ejecución de acciones concretas.
Además de los grupos mexicanos, el documento contempla organizaciones que operan en otros países de América Latina. Entre las mencionadas se encuentran la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13; el Tren de Aragua, y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Congelamiento de activos y restricciones migratorias
El Escudo de las Américas estableció tres pilares para la cooperación entre sus integrantes: economía, seguridad y coordinación multilateral. Dentro de esos ejes se propone incrementar el intercambio de inteligencia y facilitar, cuando resulte aplicable, el acceso a tecnología y capacidades de seguridad.
Como primera acción conjunta, los gobiernos participantes plantearon adoptar medidas conforme a sus respectivas leyes y compromisos internacionales. Entre ellas se encuentran el congelamiento de activos y la imposición de restricciones de inmigración y visado para personas vinculadas con las organizaciones incluidas en la lista.
También se propone establecer responsabilidad penal para quienes proporcionen conscientemente apoyo material o logístico a esos grupos. El documento plantea, además, coordinar sanciones, designaciones oficiales y acciones financieras dirigidas contra estructuras del crimen organizado que operan en más de un país.
Proponen llevar el tema ante la OEA
Los gobiernos participantes también plantearon solicitar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta. El objetivo sería analizar posibles acciones colectivas contra las organizaciones señaladas, dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río.
La declaración aclara que los países participantes que no forman parte de ese tratado respaldan la iniciativa y buscarán contribuir de acuerdo con sus propias obligaciones jurídicas. Por lo tanto, el alcance de las medidas podría variar entre las naciones integrantes.
El Escudo de las Américas reúne a países aliados de Washington, entre ellos Argentina, Ecuador y El Salvador. México y Brasil, dos países relevantes dentro de las rutas y dinámicas regionales del narcotráfico, no se han incorporado a la iniciativa, de acuerdo con la información disponible.
Mediante este mecanismo, los países integrantes buscan fortalecer el intercambio de información, así como la cooperación judicial y policial para enfrentar a organizaciones criminales que desarrollan actividades más allá de sus fronteras. La declaración no precisa cuándo podrían comenzar a aplicarse las acciones propuestas contra los ocho grupos mexicanos.
