Estados Unidos.- La ofensiva antinarco ordenada por la administración Trump ha entrado en una fase de escalada. En menos de dos meses, EE.UU. ha hundido ocho embarcaciones presuntamente vinculadas a cárteles, con un saldo de al menos 38 muertos. La octava operación, llevada a cabo el 21 de octubre, marcó un giro estratégico al desarrollarse por primera vez en el Pacífico Oriental, una ruta clave del narcotráfico desde Colombia hacia México.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el ataque diciendo: “Los cárteles son el nuevo Al Qaeda. No habrá refugio ni perdón, solo justicia.” Por su parte, el presidente Trump celebró el operativo como un éxito en su red Truth Social y reiteró que “EE.UU. no negociará con narcoterroristas”.
Reacciones internacionales: denuncias de ejecuciones extrajudiciales y preocupación en la ONU
Las críticas no se han hecho esperar. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a EE.UU. de realizar “ejecuciones extrajudiciales” y exigió explicaciones, especialmente por la posible muerte de un pescador civil. En Ecuador, un sobreviviente de un ataque previo fue liberado por falta de pruebas, lo que ha alimentado dudas sobre la veracidad de las acusaciones de narcoterrorismo.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado investigaciones internacionales independientes sobre las muertes civiles y la legalidad de estas operaciones sin procesos judiciales. Expertos advierten que, aunque la Casa Blanca invoca el Artículo II de la Constitución y la AUMF de 2001, no existe una declaración formal de guerra contra organizaciones narcotraficantes, lo que podría estar violando el derecho internacional.
