Guatemala.- La fiscal de sección, María Esther Guzmán, explicó que la estructura operaba al menos desde febrero de 2024, aunque no se descarta que sus actividades delictivas iniciaran antes.
De acuerdo con la investigación, los migrantes eran retenidos en territorio mexicano y sus familiares recibían llamadas, fotografías y videos para presionar el pago de rescates. En algunos casos, incluso les hacían creer que la persona ya había llegado a Estados Unidos, cuando en realidad estaba siendo torturada.
La red cobraba entre 80 mil y 140 mil quetzales por persona —equivalente a aproximadamente entre 180 mil y 314 mil pesos mexicanos— montos que debían depositarse en distintas cuentas bancarias en Guatemala y otros países.
Durante el operativo se realizaron 34 allanamientos y se logró el aseguramiento de 13 vehículos, 283 mil 348 quetzales, 216 dólares, armas de fuego, droga y otros objetos de interés para la investigación.
Entre los detenidos se encuentran Nelson “N” y Glendy “N”, señalados como coordinadores principales; además de Alejandro “N”, Esaú “N” y Carlos “N”, acusados de lavado de dinero y tráfico ilícito. También fueron capturadas otras personas vinculadas a la estructura por delitos financieros y asociación ilícita.
Víctimas eran explotadas o asesinadas
La Fiscalía advirtió que muchas víctimas no lograban llegar a su destino. Algunas eran explotadas sexualmente en zonas fronterizas, mientras que otras fueron asesinadas al negarse a pagar o al no poder cubrir las sumas exigidas.
Como mensaje final, la fiscal María Esther Guzmán exhortó a la población a no confiar en redes de tráfico ilegal de personas, al advertir que el costo económico y humano es alto y que en la mayoría de los casos las víctimas no obtienen el beneficio prometido.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más implicados y si la red tenía vínculos en otros países de la región.
