EE.UU.- Una veintena de fiscales estatales demócratas de EE.UU. denunciaron este lunes que el Departamento de Justicia está condicionando fondos federales para víctimas de violencia al apoyo de los estados a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los fiscales, en un comunicado, aluden a unos 1.000 millones de dólares asignados anualmente a la Ley de Víctimas de Crímenes (VOCA, aprobada hace más de 40 años por el Congreso) y que se destinan, entre otras, a víctimas de violencia de género o de violencia sexual.
Los fondos del VOCA, que proceden de multas de casos penales federales, “serían recortados para cualquier estado o beneficiado que rechace dar al ICE acceso ilimitado a instalaciones” o cumplir con “todas las solicitudes civiles de las fuerzas sobre inmigración” bajo las “nuevas condiciones” de Justicia, alertan los fiscales.
La fiscal de Nueva York, Letitia James, dijo en la nota que el Gobierno de Donald Trump “intenta usar los fondos para víctimas como moneda de cambio para forzar a los estados a cumplir sus órdenes de inmigración”.
James y los fiscales argumentan que los estados se enfrentan a la “decisión imposible” de renunciar a los fondos asignados por el Congreso para gente vulnerable, o “socavar sus propias políticas de seguridad públicas al dirigir recursos estatales y locales a las fueras de inmigración civiles federales”.
Aparte de eso, denuncian, aceptar ese condicionamiento del Gobierno destruiría la confianza entre las comunidades inmigrantes y el sistema de justicia, lo que dificultaría las operaciones del mismo.
Los fiscales, que han interpuesto su demanda en un tribunal de Rhode Island, piden al juez una orden que bloquee la imposición de esas condiciones del Departamento de Justicia a los fondos de la VOCA para este año (más de 200 millones en el caso de Nueva York) y garantice que los estados sigan recibiéndolos.
Con información de comunicado
EFE
