Ciudad Juárez, Chihuahua.— El decomiso de tres unidades de transporte tipo van agravó los problemas de movilidad que enfrentan miles de habitantes del Valle de Juárez, así como residentes de Riberas del Bravo y Loma Blanca, quienes dependen de las llamadas ruteras para trasladarse diariamente a sus centros de trabajo y hogares.
De acuerdo con la información disponible, usuarios de estas zonas han tenido que esperar más de una hora para abordar alguna unidad. Ante la escasez de opciones, algunos recurren al sistema de transporte semimasivo y posteriormente a servicios de taxi por plataforma para completar sus recorridos.
Esta combinación representa un gasto adicional de entre 50 y 100 pesos, dependiendo del trayecto. La situación afecta principalmente a quienes deben realizar varios traslados durante el día o viven en sectores alejados de las principales rutas del transporte público.
Retiran tres unidades en la Gómez Morín
Inspectores de la dependencia estatal, encabezados por el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, decomisaron tres unidades sobre la avenida Manuel Gómez Morín, cerca del cruce con la avenida Antonio J. Bermúdez.
El operativo respondió a dos irregularidades señaladas por las autoridades. La primera fue el cobro de una tarifa de 20 pesos por pasajero, cantidad superior a los 12 pesos establecidos mediante el acuerdo correspondiente. Según la postura oficial, el incremento fue aplicado sin autorización ni aviso previo.
La segunda observación fue que las unidades recogían pasajeros en rutas o sectores que no correspondían a su jurisdicción. Entre los puntos mencionados se encuentran las inmediaciones de Riberas del Bravo, una zona donde la demanda de transporte es elevada y las opciones disponibles resultan insuficientes para algunos residentes.
Las autoridades sostuvieron que las vans operaban al margen de las disposiciones vigentes, tanto por el cobro no autorizado como por prestar servicio fuera del área que tenían asignada. Bajo ese argumento, los inspectores procedieron con el retiro de las tres unidades.
Usuarios cuestionan el operativo
El decomiso generó posturas encontradas entre los pasajeros. Aunque algunos reconocieron que la tarifa de 20 pesos superaba el precio autorizado, otros expresaron inconformidad debido a que las unidades retiradas representaban una alternativa frente a la falta de transporte en el sector.
Parte de los usuarios afirmó que prefería pagar la diferencia porque las vans se encontraban limpias, tenían aire acondicionado y ofrecían un trato que consideraban mejor. Para estas personas, la calidad del servicio y la posibilidad de llegar a sus destinos compensaban el costo adicional.
La inconformidad no se concentró únicamente en el decomiso, sino en la ausencia de suficientes opciones para sustituir a las unidades retiradas. Los habitantes señalaron que la reducción del servicio incrementa los tiempos de espera y los obliga a buscar traslados más costosos.
Persisten las dificultades para trasladarse
El caso muestra la tensión entre la obligación de aplicar las reglas del transporte público y la necesidad de garantizar movilidad en sectores alejados. Mientras la autoridad defiende el cumplimiento de las tarifas y las zonas autorizadas, los pasajeros enfrentan las consecuencias inmediatas de una oferta limitada.
La información proporcionada no precisa cuánto tiempo permanecerán decomisadas las unidades, si sus responsables podrán regularizar el servicio o si se desplegarán más camiones para atender a las comunidades afectadas. Tampoco se ha informado sobre un esquema temporal que permita cubrir los recorridos que realizaban las vans.
En tanto se define la situación, habitantes del Valle de Juárez, Riberas del Bravo y Loma Blanca continúan expuestos a esperas prolongadas, mayores gastos y dificultades para llegar a tiempo a sus trabajos o regresar a sus hogares. Los usuarios piden que la aplicación de la normativa esté acompañada por alternativas suficientes, accesibles y seguras de transporte.
