México, Ecuador, Brasil y Haití cerrarán el año 2025 dentro del listado de los 10 países más peligrosos del mundo, de acuerdo con el índice anual sobre conflictos elaborado por la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
Según el informe, la medición se basa en cuatro indicadores principales: mortalidad, peligro para la población civil, extensión territorial de los conflictos y número de grupos armados activos. A partir de estos criterios, ACLED advierte una creciente presión en América Latina derivada de la expansión del crimen organizado, disputas internas y respuestas estatales con resultados limitados.
En el ranking global, México se ubica en el cuarto lugar, la misma posición que ocupó en 2024, solo por debajo de Palestina, Myanmar y Siria, países que enfrentan conflictos armados abiertos. Ecuador aparece en el sexto sitio, Brasil en el séptimo y Haití en el octavo.
En el caso de México, el informe vincula el repunte de la violencia a la disputa interna en el Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, situación que ha reconfigurado las dinámicas criminales en varias entidades del país. Además, se destaca el incremento de la violencia contra políticos y funcionarios, con al menos 360 incidentes registrados en los últimos 12 meses.
Ecuador registró uno de los ascensos más abruptos al pasar al sexto lugar mundial, impulsado por la disputa entre grupos criminales, la fragmentación de bandas y su creciente papel en el tráfico regional de drogas. Brasil enfrenta una violencia asociada al control territorial de pandillas en grandes ciudades, mientras que en Haití las organizaciones criminales se han fortalecido ante la persistente inestabilidad política.
ACLED advierte que, aunque el despliegue de fuerzas de seguridad puede reducir la violencia a corto plazo, en el mediano y largo plazo la militarización puede fragmentar a los grupos criminales, generar nuevas disputas y aumentar los riesgos para la población civil. El informe concluye que el reto para los gobiernos de la región no solo es contener la violencia, sino evitar su expansión territorial y su impacto creciente sobre la sociedad.
