El Tribunal Supremo de España dictó este jueves una sentencia de dos años de inhabilitación y una multa contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por haber vulnerado el secreto judicial. El fallo representa un golpe significativo para el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, quien lo nombró en 2022 y lo respaldó públicamente en múltiples ocasiones.
La causa se originó a partir de una filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. González Amador enfrenta un proceso por presunto fraude fiscal de 350 mil euros durante la pandemia. En marzo de 2024, medios nacionales difundieron detalles sobre un posible acuerdo legal para evitar prisión, lo que provocó que el empresario denunciara la filtración.
Pese a que periodistas declararon que García Ortiz no fue quien les entregó la información y la fiscal del caso pidió su absolución, el Tribunal Supremo consideró que hubo una clara violación al secreto procesal. La sentencia también obliga al fiscal condenado a pagar una indemnización de 10 mil euros a González Amador.
Reacciones del gobierno y oposición
Tras la resolución judicial, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró que el Gobierno respeta la decisión pero no la comparte, y anunció que se iniciará el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general. Subrayó que esta postura no supone una desconfianza hacia el Poder Judicial.
Por su parte, líderes de la oposición reaccionaron con dureza. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), calificó la condena como un hecho sin precedentes y exigió al presidente Sánchez que se disculpe. Santiago Abascal, líder de Vox, también criticó al Ejecutivo, mientras que Miguel Tellado, del PP, advirtió sobre las consecuencias políticas del fallo.
El caso González Amador sigue abierto
Aunque esta resolución cierra la parte relacionada con el fiscal general, el juicio por presunto fraude fiscal contra González Amador sigue pendiente. El empresario ha insistido en que la filtración de datos perjudicó su defensa y fue motivada políticamente para afectar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La condena a García Ortiz se suma a una serie de causas judiciales que giran en torno al entorno político del Gobierno actual, en un momento especialmente delicado para la administración de Pedro Sánchez.
