México.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, pidió a México aceptar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones y aclaró que el procedimiento activado por el organismo tiene un carácter preventivo, no sancionatorio.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las razones por las cuales activó, en abril de 2025, el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El funcionario señaló que la decisión se sustentó en información reunida durante años, incluidos datos proporcionados por el Estado mexicano, organizaciones civiles y colectivos de víctimas. También se tomó en cuenta la evolución del fenómeno desde la visita que el comité realizó a México en noviembre de 2021.
De acuerdo con Albán, el organismo analizó información recibida desde 2014 y concluyó que en varias zonas del territorio existen elementos para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Precisó que, según el análisis, el principal responsable de las desapariciones es el crimen organizado, aunque existen casos en los que se confirmó la participación de funcionarios municipales y estatales.
Al mismo tiempo, sostuvo que el comité no encontró elementos para afirmar que exista una política del Gobierno federal orientada a cometer desapariciones.
Procedimiento busca apoyo, no sanciones
Albán reconoció que México ha rechazado la activación del procedimiento y cuestionado la interpretación del artículo 34. Sin embargo, afirmó que el organismo no espera que el Estado comparta necesariamente su análisis, sino que acepte el respaldo internacional.
“Lo que sí esperaríamos es que el Estado mexicano acepte la cooperación internacional porque el propósito del mecanismo es preventivo”, declaró.
La propuesta contempla apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas, investigación de los casos, identificación humana y protección de quienes participan en labores de búsqueda. Albán indicó que estas necesidades se reflejan en la evolución de las cifras oficiales.
Cuando el comité visitó México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 96 mil registros. Al activarse el procedimiento, la cifra había superado las 134 mil personas. Los cuerpos pendientes de identificación en servicios forenses también habrían aumentado de 52 mil a 72 mil durante ese periodo.
El presidente del comité agregó que persisten reportes de hostigamiento, intimidaciones y ataques contra personas buscadoras, además de altos niveles de impunidad. Señaló que el organismo continúa recibiendo solicitudes de acciones urgentes por desapariciones ocurridas después de la apertura del procedimiento.
ONU continuará monitoreando a México
Albán insistió en que la activación del artículo 34 no representa una sanción ni una determinación de responsabilidad internacional. Tampoco busca que la Asamblea General repruebe, reclame o imponga medidas a México.
“La intención del comité no es atacar a México ni a su gobierno”, sostuvo. Explicó que la finalidad es movilizar recursos y respaldo internacional para reducir la frecuencia de las desapariciones y ofrecer verdad y justicia a las familias.
El funcionario reconoció como avances la legislación mexicana en materia de desaparición y víctimas, así como la creación de comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas. No obstante, consideró que esas acciones no han sido suficientes frente a la dimensión del problema.
También se refirió al reporte del Estado mexicano sobre la localización de 16 mil personas durante el último año. Celebró el dato, aunque pidió presentar evidencia de las localizaciones y confirmar que las familias fueron informadas adecuadamente.
Albán indicó que México mantiene acuerdos de cooperación con países como España, Guatemala, Países Bajos y Alemania, además de trabajo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por ello, consideró probable que continúe colaborando con otros Estados y organismos.
Tercera Comisión analizará el caso
El asunto ya fue remitido a la Asamblea General de la ONU y se encuentra bajo análisis de su Tercera Comisión, encargada de temas de derechos humanos. Esta instancia puede impulsar una resolución, convocar una mesa de diálogo, solicitar aclaraciones o remitir el caso al Consejo de Derechos Humanos.
Según Albán, varios países expresaron disposición para apoyar mediante cooperación y asistencia técnica, aunque únicamente México abordó de manera específica el artículo 34. El comité espera que algunos Estados faciliten el diálogo y canalicen nuevos mecanismos de colaboración.
La activación del artículo 34 para México es la primera en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada. Albán aseguró que el organismo continuará solicitando información, convocando a diálogos y registrando acciones urgentes mientras persista la crisis.
