Colectivos denuncian que fosas en Sinaloa contienen víctimas de extorsión y enfrentan crisis forense
Integrantes de colectivos de búsqueda en Sinaloa advierten que muchas de las personas localizadas en fosas clandestinas no estaban vinculadas al narcotráfico, sino que habrían sido víctimas de extorsión y cobro de “piso” por parte de grupos criminales.
En entrevista con la revista Proceso, Miguel Trujillo Herrera —hijo de la activista María Herrera— recordó que entre 2019 y 2021 participó en labores de capacitación para colectivos en municipios como Concordia, Mazatlán y Culiacán, donde documentaron múltiples entierros clandestinos con varios cuerpos en una sola fosa.
Según su testimonio, en zonas de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, las víctimas eran en su mayoría trabajadores y comerciantes que no habrían pagado extorsiones, y no necesariamente personas relacionadas con el crimen organizado.
El tema volvió a cobrar relevancia tras el hallazgo de cuerpos en la comunidad de El Verde, en Concordia, donde fueron localizados restos que incluyen a mineros reportados como desaparecidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las víctimas habrían sido confundidas por un grupo armado.
Alejandra Martínez Carrizales, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia, señaló que la violencia recrudeció tras la confrontación interna entre facciones del grupo criminal, lo que ha impedido a familiares acceder a puntos de búsqueda por falta de garantías de seguridad.
Además, denunció una crisis forense en la entidad: cuerpos localizados permanecen durante meses en el Servicio Médico Forense sin ser identificados ni entregados a sus familiares, pese a las solicitudes de pruebas de ADN y diligencias formales.
De acuerdo con datos recopilados por la Plataforma Ciudadana de Fosas, entre 2006 y 2024 se habrían localizado más de un centenar de entierros clandestinos en Sinaloa, con diferencias en los registros oficiales y los reportes de medios. La cifra de restos identificados sigue siendo considerablemente menor al número de hallazgos documentados.
Colectivos de familiares exigen que todas las fosas sean intervenidas, que se rescaten e identifiquen los restos y que las autoridades mantengan transparencia en las diligencias, ante el temor de que solo los casos mediáticos reciban atención prioritaria.
