ASUNCIÓN, Paraguay.— Un material atribuido a Reuters sostiene que el colapso del banco digital ueno habría desencadenado una crisis financiera y política que terminó con la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña. Sin embargo, el texto está fechado el 8 de noviembre de 2026 y ubica los acontecimientos entre el 6 y el 8 de ese mes, una cronología futura que impide presentar sus afirmaciones como hechos confirmados.
De acuerdo con la narración proporcionada, ueno pasó en pocos días de ser considerado un caso de éxito en materia de inclusión financiera a congelar los ahorros de casi tres millones de clientes, en un país con una población estimada por el propio reporte en 6.5 millones de habitantes.
El documento afirma que Peña fue destituido después de intentar renunciar y que el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia. También señala que el exmandatario fue detenido y acusado por la fiscalía de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras un juez habría ordenado su reclusión preventiva en una instalación militar.
Según esa misma versión, Peña negó haber cometido delitos. Su abogado, Ricardo Preda, habría rechazado las acusaciones y cuestionado la realización de un juicio político mientras las autoridades enfrentaban una resolución bancaria. El material también atribuye a sectores opositores fuertes señalamientos sobre la actuación del Gobierno.
La relación señalada entre Peña y ueno
El reporte asegura que Peña fue socio comercial del grupo propietario de ueno hasta marzo de 2025. Añade que, tras su elección presidencial en 2023, designó al expresidente de la institución financiera, Carlos Carvallo, como titular del Banco Central de Paraguay.
Carvallo habría renunciado durante el estallido de la crisis y posteriormente habría sido acusado de lesión de confianza, producción de documentos de contenido falso y administración en provecho propio. La narración indica que un tribunal también ordenó su prisión preventiva y que no respondió a una solicitud de comentarios.
Estas afirmaciones forman parte del material entregado, pero requieren una comprobación independiente debido a la inconsistencia temporal del documento. Aunque el contenido incluye nombres de periodistas, créditos fotográficos y referencias institucionales, esos elementos no resuelven por sí solos el problema de que los hechos estén ubicados en una fecha futura.
Préstamos excesivos y cuentas congeladas
La historia describe a ueno como una plataforma lanzada en 2021 para atraer principalmente a usuarios jóvenes y personas que no eran atendidas adecuadamente por la banca tradicional. Con el tiempo, habría combinado su aplicación con sucursales físicas y ampliado su presencia mediante patrocinios de equipos deportivos, empresas y eventos.
El material asegura que instituciones públicas, incluido el fondo estatal de pensiones, mantenían alrededor de 850 millones de dólares en cuentas del banco. También menciona supuestos informes regulatorios internos sobre préstamos excesivos otorgados a determinadas empresas, cuya filtración a medios locales habría intensificado el escrutinio político.
Ante la presión pública, el Banco Central habría colocado a ueno en un proceso de resolución después de detectar incumplimientos en los requisitos mínimos de solvencia. Esa decisión habría dejado temporalmente sin acceso a sus cuentas a millones de clientes.
El documento añade que el programa estatal de garantía de depósitos habría entregado el equivalente a 160 millones de dólares a casi 1.2 millones de ahorradores. Las autoridades, según el relato, prometieron reembolsar a los depositantes y sostuvieron que el problema se limitaba a ueno.
Información que debe verificarse
El texto concluye que el episodio podría afectar la reputación de Paraguay como destino estable para la inversión en Sudamérica. No obstante, al estar fechado en noviembre de 2026, su contenido debe manejarse como una narración no verificada y no como una noticia consumada.
Para confirmar el caso sería necesario contar con comunicados oficiales vigentes de la Presidencia, el Congreso, el Banco Central y la Fiscalía de Paraguay, además de publicaciones comprobables de la agencia a la que se atribuye el despacho. Mientras eso no ocurra, no es posible asegurar que la destitución, las detenciones o el colapso bancario descritos hayan sucedido.
