METEPEC, Estado de México.— Una presunta red dedicada a utilizar inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios públicos y extorsionar a políticos y empresarios fue desarticulada en este municipio. Entre los detenidos se encuentra Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, señalado por las autoridades como posible dirigente de la operación.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las detenciones fueron realizadas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de las investigaciones y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
En total fueron arrestadas cinco personas en el fraccionamiento La Providencia. Además de Miranda Contreras, las autoridades detuvieron a su esposa, identificada como Liliana “N”; a sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”; así como a Agustín Arturo “N”, quien presuntamente se desempeñaba como escolta del exfuncionario.
Suplantaban a ministros, alcaldes y funcionarios
De acuerdo con las indagatorias, los detenidos estarían relacionados con una estructura que suplantaba la identidad de integrantes de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios del Gobierno del Estado de México y alcaldes, entre otros servidores públicos.
El objetivo habría sido conseguir beneficios económicos o laborales mediante engaños y presiones. Para ello, los integrantes del grupo se comunicaban por medio de llamadas telefónicas y mensajes enviados a los números personales de funcionarios, políticos y empresarios.
Una de las estrategias consistía en presentarse como secretarios particulares o colaboradores cercanos de servidores públicos de alto nivel. Con ese argumento obtenían números telefónicos, actualizaban agendas y recopilaban información sobre las actividades y responsabilidades de sus posibles víctimas.
Posteriormente, otra persona se hacía pasar por un funcionario de mayor jerarquía y aseguraba contar con instrucciones de sus superiores para solicitar algún tipo de apoyo. Las peticiones incluían dinero para supuestas operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o contratación de servicios con empresas y particulares.
Inteligencia artificial para imitar voces
Según las autoridades, la inteligencia artificial era una herramienta central del esquema. Los involucrados presuntamente imitaban las voces de funcionarios y actores económicos para dar credibilidad a sus solicitudes. También habrían elaborado conversaciones falsas entre supuestos servidores públicos, las cuales eran compartidas con las víctimas como si fueran auténticas.
Para reforzar la suplantación utilizaban números telefónicos con fotografías de perfil, nombres y logotipos oficiales de gobiernos u organizaciones políticas. Las investigaciones permitieron identificar al menos 19 teléfonos de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, cuyos registros estarían relacionados con números reportados por algunas víctimas.
Dinero en efectivo y bienes de alto valor
Las indagatorias señalan que los recursos exigidos eran entregados principalmente en efectivo, debido a que las cuentas bancarias de Luis Miranda Contreras estaban bloqueadas por antecedentes vinculados con actividades ilícitas. Cuando requerían utilizar el sistema financiero, presuntamente recurrían a una empresa de arquitectura y construcción perteneciente a Aimee “N”.
Parte del dinero habría sido destinada a la compra de propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo. La vivienda familiar ubicada en La Providencia era considerada uno de los principales puntos de operación. Durante las diligencias, los agentes localizaron teléfonos que presuntamente intentaron ocultar, múltiples tarjetas SIM y vehículos de alto valor.
Antecedentes de Luis Miranda Contreras
Miranda Contreras fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013. Las autoridades consideran que su experiencia en el servicio público pudo facilitarle el conocimiento de las estructuras administrativas y de las relaciones entre funcionarios.
En 2017 fue detenido por su presunta participación en pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores, operaciones que, según la información del caso, no se concretaron. También fue inhabilitado en Michoacán. Estos antecedentes forman parte del contexto de la investigación, pero no acreditan por sí mismos su responsabilidad en los nuevos señalamientos.
Los cinco detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Posteriormente fueron vinculados a proceso por extorsión y quedaron bajo prisión preventiva justificada. La fecha del 6 de octubre de 2026 consignada en el material original deberá corroborarse antes de la publicación de este borrador.
