Un amplio esquema de contrabando de combustible ha sido revelado por autoridades mexicanas y estadounidenses, evidenciando la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en colaboración con empresas de Estados Unidos para introducir diésel de manera ilegal al país. El caso, documentado por la agencia Reuters, expone una red de evasión fiscal, corrupción portuaria y distribución ilícita a gran escala.
Un buque, millones en juego y evasión fiscal
El buque Torm Agnes transportó aproximadamente 120 mil barriles de diésel desde Canadá hacia México, según documentos oficiales. La operación fue realizada sin declarar el combustible como tal, sino etiquetándolo como “lubricante”, lo cual evitó los controles fiscales y de seguridad correspondientes. El valor del cargamento ronda los 12 millones de dólares, mientras que los impuestos evadidos superarían los 7 millones.
La descarga se efectuó en un puerto mexicano que no cuenta con infraestructura segura para el manejo de hidrocarburos, lo que representa un riesgo adicional para las comunidades portuarias.
Empresas vinculadas y participación del CJNG
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, fue señalada como clave en la operación. Adquirió el diésel, falsificó la documentación y contrató el transporte marítimo. Al menos cinco entregas similares se han realizado en puertos mexicanos bajo el mismo esquema.
Por su parte, la empresa mexicana Intanza, presuntamente una fachada del CJNG, se encargó de recibir y distribuir el combustible mediante camiones cisterna hacia gasolineras ilegales, fábricas y minas, consolidando una red paralela de distribución de energía.
Contrabando: un negocio más rentable que el narcotráfico
Autoridades estiman que el contrabando de diésel y gasolina representa hasta un tercio del mercado nacional, con ingresos superiores a los del narcotráfico en algunas regiones. Durante 2024, las pérdidas fiscales en México por este delito se calcularon en casi 4 mil millones de dólares.
El esquema involucra sobornos, documentación falsificada y empresas fantasma, lo que ha derivado en escándalos dentro de dependencias como la Secretaría de Marina y otras instituciones federales.
Impacto económico y presión internacional
Casos como el de la empresa Shell, que vendió su negocio minorista en México alegando competencia desleal por el combustible ilícito, reflejan la afectación directa a compañías legalmente establecidas. Asimismo, el precio de los combustibles en el país se ha visto distorsionado por la oferta ilegal.
Las investigaciones en curso han resultado en la detención de al menos 14 personas, incluyendo exfuncionarios y empresarios vinculados al esquema. En tanto, el CJNG ha demostrado una sofisticación logística al integrar buques, camiones y trenes para operar a nivel internacional.
El gobierno mexicano ha intensificado la vigilancia portuaria y los operativos de incautación, mientras que Estados Unidos ha comenzado sus propias investigaciones para identificar y sancionar a las empresas implicadas en este esquema que fusiona el crimen organizado con el comercio transfronterizo.
