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Alabama, EE.UU. — Un trabajador de la construcción y ciudadano estadounidense presentó una demanda colectiva en un tribunal federal luego de haber sido detenido en dos ocasiones por agentes migratorios, quienes lo confundieron con un inmigrante indocumentado debido a su origen latino.
El afectado, Leo García Venegas, nació en Estados Unidos y reside en el condado de Baldwin, Alabama, una zona en expansión laboral y demográfica en la costa del Golfo. Venegas asegura que, en menos de un mes, fue arrestado dos veces por oficiales de inmigración mientras trabajaba en obras de construcción, pese a mostrar su licencia de conducir REAL ID —documento que solo se emite a ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
La demanda, interpuesta con el respaldo del Institute for Justice, califica como “inconstitucionales e ilegales” las redadas laborales promovidas durante el gobierno de Donald Trump, que suelen enfocarse en industrias con alta presencia de trabajadores inmigrantes.
En una de las redadas, realizada en mayo, un video grabado por un compañero de trabajo muestra a Venegas siendo sometido al suelo por agentes que lo acusaban de portar documentos falsos, a pesar de sus reiteradas afirmaciones de ser ciudadano estadounidense. En ambos casos, fue liberado después de unos 30 minutos, pero no sin antes sufrir detenciones que él describe como arbitrarias y discriminatorias.
“El Departamento de Seguridad Nacional autoriza estas redadas armadas basándose en la suposición de que ciertos grupos, incluidos los latinos, son probablemente inmigrantes ilegales”, señala la demanda.
El abogado del caso, Jaba Tsitsuashvili, sostuvo que su cliente “es un ciudadano estadounidense trabajador que defiende el derecho de todos a laborar sin ser detenidos por su apariencia o el tipo de empleo que realizan”.
Por su parte, Venegas declaró: “Es como si no hubiera nada que pueda hacer para evitar que me arresten cuando quieran. Solo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi derecho a hacerlo”.
La acción judicial se produce semanas después de que la Corte Suprema levantara una restricción que impedía a los agentes migratorios en Los Ángeles detener personas únicamente por su raza, idioma o lugar de trabajo. El fallo abrió la puerta a redadas más amplias, aunque la constitucionalidad de esas prácticas aún podría ser debatida en tribunales.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido comentarios sobre el caso.
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