México.- Una controversia jurídica y política surgió en Sinaloa luego de que conversaciones privadas de WhatsApp fueran utilizadas como prueba en un proceso por presunta violencia política de género. El caso ha generado debate en redes sociales sobre los límites entre la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión.
La discusión se intensificó después de que la senadora Lilly Téllez difundiera un video en el que criticó el proceso judicial. De acuerdo con su versión, una activista sostuvo una conversación privada con un conocido en la que ambos criticaban a una diputada; posteriormente, la otra persona tomó capturas de pantalla y las entregó a la legisladora, quien presentó una denuncia.
La senadora señaló que el uso de estos mensajes como evidencia podría sentar un precedente preocupante para la libertad de expresión. “La Constitución señala que las comunicaciones privadas son inviolables”, afirmó, al advertir que incluso memes o críticas en chats privados podrían ser utilizados en procesos legales si se filtran.
El caso fue analizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó revisar nuevamente el expediente luego de que una instancia local determinara inicialmente que no existía violencia política de género.
De acuerdo con el análisis judicial, las expresiones denunciadas habrían ocurrido en conversaciones de WhatsApp donde presuntamente se realizaron ataques reiterados contra una legisladora, lo que podría constituir hostigamiento vinculado con su actividad política. La resolución también menciona conceptos como “wollying” y “flaming digital” para describir agresiones en entornos digitales, señalando que incluso mensajes en espacios privados pueden afectar derechos político-electorales.
