“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.

El magnate que asume el cargo el 20 de enero respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”.

La guardia nacional es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocada para la protección del país en caso de conflicto o desastre.

En abril Trump declaró que esta fuerza “debería ser capaz” de hacerse cargo de las expulsiones de migrantes en situación irregular.

“Si no es así, utilizaría el ejército”, es decir, las tropas federales, declaró a Time.

Desde su victoria contundente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el republicano de 78 años ha dado pasos encaminados a aplicar las expulsiones masivas de migrantes, a quienes acusa de envenenar “la sangre” de Estados Unidos, de “infectar” el país, de comer mascotas, de ser “asesinos” y “salvajes”, entre otros calificativos despectivos extremos.

Durante los últimos días se apresuró a nombrar a Tom Homan como “zar de la frontera”. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) durante su primer mandato pero el nombre del cargo habla por sí solo.

Homan es partidario de la mano dura en materia migratoria. Entre 2017 y 2018 supervisó una política que provocó la separación de 4 mil niños migrantes de sus padres.

El presidente electo reforzó este nombramiento con otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargado de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.

Muchos economistas también han advertido que una expulsión masiva conlleva un costo exorbitante y tendría un impacto devastador para la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.

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Recientemente ha surgido información sobre el plan de deportación masivo de mexicanos que planea hacer, lo cual podría generar una emergencia nacional. Aquí te explicamos en qué consiste la apuesta de Donald Trump, quien llegó con la bandera de reducir de manera considerable el número de personas que viven ilegalmente en esa nación.

El plan de deportación masivo de Donald Trump
Entre las medidas propuestas por Donald Trump, destacan la posibilidad de declarar una emergencia nacional, utilizar a las fuerzas armadas para deportaciones masivas y establecer políticas fronterizas como “Permanecer en México”, lo cual representaría un desafío tanto para migrantes como para las relaciones bilaterales entre ambos países.

Luego de su triunfo en las elecciones, Trump anunció la designación de Tom Homan como “zar de la frontera” y de Stephen Miller como subdirector de gabinete, dos figuras conocidas por sus posturas antiinmigratorias. Según el expresidente, su administración lideraría “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”.

El retorno masivo de migrantes mexicanos podría generar caos en zonas que ya enfrentan problemas de pobreza y crimen organizado. La falta de infraestructura en los puntos de entrada, como la frontera terrestre y los albergues, dificulta la gestión de grandes volúmenes de personas. Entre algunos de los efectos negativos estarían:

Impacto en las remesas: En los últimos años ha habido récord histórico en el envío de remesas a México. La deportación de millones de mexicanos, afectaría directamente al bolsillo de las familias que se benefician con ese ingreso.
Aumento en el desempleo: Si bien, en México hay una baja cifra de desempleo, la llegada masiva de deportados aumentaría, al menos en un primer momento, la cifra de personas que estarían en la búsqueda de un puesto de trabajo para poder mantenerse.
Inseguridad: Las personas deportadas también podrían ser víctimas del crimen organizado, toda vez que en México no hay la infraestructura necesaria, al menos de entrada, para recibir a las millones de personas que podrían ser repatriadas a México.
La estrategia migratoria de Trump no solo afecta a México. La economía estadounidense también depende de la mano de obra indocumentada para sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura. La deportación masiva podría crear escasez de trabajadores en estas industrias, incrementando los costos para los consumidores estadounidenses.

Trump ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 25% a los productos mexicanos si México no cumple con sus demandas migratorias. Dado que el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, esta medida tendría un impacto devastador en sectores clave como el automotriz y el agroindustrial.

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“Los datos muestran que más del 54% de nuestros empleados son indocumentados. Si van a deportar a todos, estos restaurantes tendrán una pérdida masiva de ingresos y caerán. Es insostenible. Creo que el presidente Trump, como empresario, lo entiende”, afirma Sam Sánchez. Mexicanoamericano, y casado con mexicana, es dueño de varios negocios de restauración en Illinois y forma parte del consejo de la Asociación Nacional de Restaurantes. Sánchez fue uno de esos latinos que cambió de bando el pasado 5 de noviembre. Demócrata registrado durante los últimos 40 años, estas elecciones dio su voto a Trump: “Nos sentimos defraudados y abandonados”.

Esa es una de las razones que llevó a muchos hispanos a votar por el republicano, después de que la Administración de Joe Biden incumpliera sus promesas de regularizar a los migrantes indocumentados. El último revés, sin embargo, no les llegó del Gobierno, sino de los tribunales, cuando el juez J. Campbell Barker, designado por Trump en su primer mandato, anuló el programa Manteniendo a las Familias Unidas, que concedía la residencia legal a los cónyuges de estadounidenses.

Pero si la economía y el coste de vida fue la principal razón que llevó a los latinos a decantarse por Trump, la idea de una deportación masiva traerá efectos devastadores, según advierten hasta sus votantes. “Estoy a favor de construir el muro y de deportar a los criminales”, señala Sánchez, pero con la expulsión de trabajadores “el país sufrirá”. Después de la pandemia, muchos empleados de restauración se dieron de baja para cobrar el desempleo, explica, y los que quedaron son indocumentados, que no pueden acceder a las ayudas.

Según American Immigration Council, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.800 millones de dólares en impuestos federales y 29.300 millones en impuestos estatales y locales. Además, contribuyeron con 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y con 5.700 millones de dólares a Medicare, programas para los cuales no son elegibles.

“En este nuevo panorama, es vital que empleadores como nosotros interactúen y eduquen a esta nueva Administración y al Congreso sobre la urgencia de adoptar políticas que estabilicen la fuerza laboral”, dice Bob Worsley. Exsenador republicano en el Estado de Arizona y empresario, Worsley copreside American Business Immigration Coalition (ABIC), que reúne a más de 1.400 líderes empresariales de 17 Estados, rojos y azules, cuya labor es promover reformas migratorias que mejoren la fuerza laboral y la competitividad en los negocios.

Como empresario del sector de la construcción en Arizona, recuerda el daño que supuso a la economía la política de “Muéstrame los papeles”, que llevó a que un 40% de los inmigrantes indocumentados dejaran el Estado entre 2007 y 2016, según datos de Pew Research. Su salida redujo el PIB de Arizona un promedio del 2% anual y el empleo fue un 2,5% menor a lo que habría sido de no producirse la expulsión, según un estudio de Moody’s para The Wall Street Journal. “Afectará al crecimiento del PIB en Estados Unidos, a las empresas y a todos los estadounidenses, que se verán afectados por una hiperinflación laboral y retrasos para conseguir cualquier trabajo rutinario”, opina Worsley, cuya organización promueve una solución bipartidista.

Los economistas estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.

En el sector servicios, las empresas que ofrecen cuidados serían de las más afectadas, ya que buena parte de sus empleados son indocumentados. Adam Lampert, director ejecutivo de la empresa texana Cambridge Caregivers, explica las ventajas que tendría legalizar a los trabajadores indocumentados: “Nuestra industria es un claro ejemplo de cómo la modernización de las políticas de inmigración puede beneficiar a todos los estadounidenses, reduciendo potencialmente el costo de la atención en todos los ámbitos”. Sin cambiar la legislación para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral, “los estadounidenses corren el riesgo de perder el acceso a la atención que necesitan a medida que envejecen, porque el costo de la atención sigue aumentando”, asegura. Su empresa emplea a más de 300 personas, de las que el 80% nació en el extranjero.

Lampert explica que la industria de servicios de asistencia se resintió mucho durante la pandemia, cuando 410.000 enfermeros dejaron su empleo por agotamiento. Los hospitales recurrieron a los cuidadores y los salarios aumentaron un 30%, repercutiendo en el precio cobrado a los clientes. La previsión de la industria es que la demanda de cuidadores aumente a medida que los baby boomers envejezcan, una necesidad que no se podrá cubrir si se expulsa a los indocumentados que ahora ocupan millones de puestos.

Otro de los sectores que más se va a resentir es el agrario. “Si los agricultores como yo perdemos la fuerza laboral de los que han nacido en el extranjero, la producción agrícola caería entre 30.000 y 60.000 millones de dólares”, estima Jenni Tilton-Flood, propietaria de una granja familiar de Maine. Aboga por un plan migratorio que legalice a los trabajadores del sector sin los cuales estaría en peligro la seguridad alimentaria del país. Dos tercios de los empleados de su empresa son extranjeros y es testigo del temor que está expandiendo entre la comunidad. “Hablo en nombre de granjas como la mía, que están bajo el control de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) debido a nuestra proximidad con una frontera internacional. Es muy posible que separen a las familias. Gran parte de mi equipo está criando estadounidenses en casa. Hay mucha preocupación y mucho pánico. Y lo escucho de gente en todo el país, sin importar a quién voten”, asegura.

La abrumadora victoria de Donald Trump el 5 de noviembre alertó a las 6,3 millones de familias que tienen migrantes indocumentados. Estos hogares representan el 4,8% de los 130 millones de hogares estadounidenses. Los nombramientos anunciados esta semana por el republicano no han hecho más que aumentar los temores; los arquitectos de las deportaciones que separaron familias en el primer mandato de Trump tomarán el mando de su política migratoria a partir del 20 de enero.

“Todos los días, mi familia se pregunta: ¿Y si se ve obligado a irse? ¿Qué pasa si nos vemos todos obligados a irnos? ¿Qué pasa si nos quitan todo lo que tenemos?”, cuenta Óscar Silva, uno de los dreamers que llegaron de niños a Estados Unidos. Casado con una estadounidense, iba a aplicar para beneficiarse del programa DACA cuando un juez lo paralizó, y estaba en proceso de legalizar su situación con el programa Manteniendo a las Familias Unidas, cuando otro fallo judicial lo anuló. Ahora se teme lo peor, aunque no encuentra una respuesta razonable para justificar lo que se avecina.

“Es difícil entender por qué alguien querría hacernos eso, sabiendo el impacto que tendría no sólo en nuestra familia sino en toda nuestra comunidad. Son políticas como éstas las que perjudican el potencial de Estados Unidos para crecer e innovar. Los inmigrantes siempre han sido contribuyentes clave a la economía, la cultura y la innovación de este país”, sostiene.

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En su red social, Truth Social, el exmandatario afirmó que era real que “su administración entrante estuviera preparada para declarar una emergencia nacional y utilizará activos militares para revertir la invasión de Biden mediante un programa de deportación masiva”.

Al ser cuestionado por la NBC News tras su triunfo el pasado 7 de noviembre, dijo que lo primero que haría en el cargo sería cumplir su promesa de “hacer que la frontera sea fuerte y poderosa”.

Señaló que “no tendría opción” y lo haría “cueste lo que cueste”:

“En realidad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí, no hay precio”, dijo.

Las amenazas de Trump a México
Cabe recordar que durante la campaña presidencial de Trump, se vivió un momento ríspido con la amenaza a México de aumentar los aranceles si no se frenaba el flujo migratoria hacia el norte.

“Voy a informarle desde el primer día (a Sheinbaum), que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a EUA. Si no funciona los subiré al 50%, y si eso no funciona los aumentaré al 75% para los ‘tipos duros’, los subiré al 100%”.

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El ataque ocurrió en la casa donde White estaba cuidando al bebé mientras la madre del niño estaba fuera. Según la denuncia penal, White se encontraba jugando NBA 2K y, frustrado por perder en los minutos finales del juego, arrojó violentamente al pequeño contra la pared.

Las lesiones sufridas por el bebé son devastadoras: una fractura de cráneo, costillas rotas en diferentes etapas de curación y una clavícula fracturada. Además, el menor presentó hinchazón en el ojo y signos de abuso previo, según confirmaron las autoridades.

El bebé se encuentra hospitalizado, pero los médicos han declarado que no se espera que sobreviva. Esto podría llevar a que los cargos contra White sean elevados a homicidio. Durante una comparecencia en el tribunal el pasado fin de semana, Andrea Bolender, comisionada del condado de Milwaukee, señaló:

“El personal médico ha indicado que, lamentablemente, no se espera que este niño viva”.

Por ahora, White enfrenta hasta 62 años y medio de prisión, pero esa cifra podría aumentar significativamente si el menor no sobrevive. Inicialmente, White intentó culpar a la madre del bebé, asegurando que ella había golpeado accidentalmente al niño contra un marco de puerta. Luego cambió su versión, alegando que el bebé se había caído durante un cambio de pañal. Finalmente, admitió que arrojó al menor contra la pared en un ataque de ira.

En su confesión, White dijo: “Escuché la pared. Fue un impacto fuerte contra su cabeza. No puedo mentir, fue muy ruidoso”.

Durante su comparecencia en el tribunal, White mostró remordimiento, llorando al escuchar que las heridas del niño eran probablemente fatales. La madre del niño también fue arrestada inicialmente, pero fue liberada cuando White confesó su responsabilidad.

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Las inversiones incluyen 65 millones de dólares que se destinarán directamente a las franquicias más afectadas, dijo la compañía.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han dicho que las cebollas picadas en los Quarter Pounders eran la fuente probable de E. coli. Taylor Farms en California retiró del mercado cebollas potencialmente relacionadas con el brote.

Colorado informó al menos 30 casos; Montana informó 19; Nevada, 13; y Nuevo México, 10. Las enfermedades se reportaron entre el 12 de septiembre y el 21 de octubre. Al menos 104 personas enfermaron y 34 fueron hospitalizadas, según funcionarios federales de salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha dicho que “no parece haber una preocupación continua por la seguridad de los alimentos relacionada con este brote en los restaurantes McDonald’s”.

Pero el brote afectó las ventas de la empresa.

Los cuartos de libra fueron eliminados de los menús en varios estados en los primeros días del brote. McDonald’s identificó un proveedor alternativo para los 900 restaurantes que temporalmente dejaron de servir hamburguesas con cebolla. Durante la semana pasada, McDonald’s reanudó la venta de cuartos de libra con cebollas picadas en todo el país.

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Detención en Ensenada y antecedentes del secuestro
La detención de los sospechosos tuvo lugar en la colonia Bahía de Ensenada, donde agentes de la FESC realizaban labores de vigilancia. Durante su intervención, los arrestados intentaron evadir a las autoridades, pero fueron detenidos tras ser identificados por el sistema C5 de Baja California. Ambos contaban con una orden de aprehensión activa desde septiembre por el secuestro de Diego Gómez Lara, un ciudadano de la Ciudad de México que desapareció el 14 de septiembre de 2024 en Cabo San Lucas.

Los detalles de la desaparición de Diego Gómez Lara
La última vez que se tuvo contacto con Diego Gómez Lara fue en la colonia El Tezal, cerca del fraccionamiento Mistiq en Los Cabos. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero, lo que motivó que las autoridades intensificaran la búsqueda. Gómez Lara, de 33 años, tiene diversas señas particulares, entre ellas tatuajes, como el de un corazón rojo con la leyenda “ORGAN DONOR” y un perro xoloitzcuintle en su brazo derecho. La desaparición de Gómez Lara ha generado gran preocupación, especialmente en su familia, quienes acusaron directamente a los detenidos.

Reacciones familiares y comunidad
Mariana Lara, hermana de la víctima, denunció en redes sociales que los arrestados, John y Katie, fueron los responsables del secuestro de su hermano. En su publicación de Facebook, señaló que ambos habían estado prófugos desde el 17 de septiembre y los describió como peligrosos, con un historial delictivo en Los Cabos y Florida.

¡El es John Boyle alias Jack! Secuestraron a mi hermano el 14 de septiembre junto con Katie June Boyle, escribió.

Desarrollo del caso y futuro judicial
Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado en Baja California, donde se llevará a cabo el proceso judicial correspondiente. Además, se encontraron dos menores de edad en el domicilio de los arrestados, quienes quedaron bajo la custodia de la autoridad competente. Se espera que el caso continúe siendo investigado para esclarecer los detalles del secuestro y desaparición de Gómez Lara.

La intervención de las autoridades y la colaboración en la captura de los responsables representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Diego Gómez Lara y su familia.

El Imparcial
G.R.P.

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Un video difundido a través de la plataforma X deja ver el momento en que los agentes fronterizos, tras una revisión exhaustiva, rodean el vehículo y proceden a retirar las latas que cubren la camioneta, descubriendo a varios migrantes ocultos en su interior.

Estas insólitas imágenes, que no han tardado en hacerse virales en redes sociales, evidencian las condiciones extremas y el grave riesgo que muchas personas enfrentan en su intento por cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se presentó esta situación, pero los cierto es que evidencia la manera en que las autoridades han intensificado sus esfuerzos para prevenir el ingreso ilegal al país norteamericano y también para proteger la seguridad de los migrantes.

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Los internautas no han tardado en reaccionar a esta impactante escena, pues en redes sociales ya se encuentran algunos comentarios como:

-“Estos tíos llevaron el juego de las escondidas al siguiente nivel”.

-“¡En shock! ¿Cuánto tiempo pasaron esas personas allí y cómo puede afectar la falta de movilidad en esas condiciones?”

-“Cómo es la gente por desesperación, hace lo que sea, por buscarse un mejor futuro”.

-“Esa parte del pickup no se llama chasis, es parte de la carrocería”.

-“Buen trabajo de los policías contras esos migrantes”.

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