Tras la detención de Édgar “N”, alias “El Limones”, identificado por el gobierno federal como operador de una red de extorsión vinculada al grupo criminal Los Cabrera, representantes de la sociedad civil reconocieron el avance que representa esta acción, aunque advirtieron que el problema de la extorsión en la región Laguna aún no ha sido erradicado.
El director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna (CCI), Marco Zamarripa, señaló que si bien la captura forma parte de los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan de Seguridad Laguna, resulta prematuro considerar que el delito ha sido resuelto por completo. Indicó que diversos sectores productivos continúan recibiendo mensajes de cobro de cuotas y presiones relacionadas con el control de mercados.
Zamarripa recordó que desde meses atrás empresarios, ganaderos y transportistas habían exigido acciones ante el incremento de extorsiones, incluso señalando públicamente la presunta participación de integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Aclaró que corresponde a las autoridades investigar y deslindar responsabilidades, mientras que la sociedad civil mantiene su exigencia de protección a las víctimas y castigo a los responsables.
Destacó que la coordinación entre el gobierno federal y el estado de Coahuila ha permitido que más víctimas se animen a denunciar, lo que ha derivado en resultados como la detención de al menos 20 personas relacionadas con actividades de extorsión, debilitando las estructuras operativas de grupos criminales.
No obstante, persisten señalamientos sobre la posible participación de autoridades en Durango. Incluso, el pasado 5 de diciembre, elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna, tras lo cual se confirmó la detención de dos agentes de la Policía Investigadora, presuntamente relacionados con estos delitos.
Finalmente, organizaciones civiles reiteraron que la captura de “El Limones” es un paso importante, pero insistieron en la necesidad de mantener la vigilancia, fortalecer las investigaciones y garantizar condiciones de seguridad para que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias.
