Argentina.-En medio de manifestaciones y una huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo, la Cámara baja dio luz verde a la llamada Ley de Modernización Laboral.
La iniciativa contempla la creación de un fondo de indemnización para trabajadores que sería financiado con recursos descontados de la seguridad social y administrado en beneficio de las empresas. Expertos estiman que dicho fondo podría representar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares anuales, equivalente a cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto argentino, según reportes de la agencia Reuters.
Además, la reforma elimina el pago obligatorio de horas extra y permite jornadas laborales de hasta 12 horas. También establece límites al derecho de huelga, al exigir que el 75% de los servicios mínimos en sectores esenciales —como salud, educación, transporte, energía y agua— continúen operando durante protestas.
Sin embargo, los diputados realizaron modificaciones al dictamen original. Entre ellas, eliminaron el artículo 44, que restaba beneficios a trabajadores con enfermedades. Tras estos cambios, el proyecto fue turnado al Senado para su discusión final antes de su posible entrada en vigor.
Argentina retrocedió 1000 años con esa reforma laboral.
El libertarismo les prometió cambios, y los tienen, regresaron al feudalismo.pic.twitter.com/LqVqfbtPrC
— Carlos Vijnovsky Zenteno (@CarlosVZenteno) February 16, 2026
Posturas encontradas
En un comunicado, el Gobierno defendió la reforma al señalar que “promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”.
Por su parte, el diputado opositor Sergio Palazzo criticó la iniciativa al afirmar que el proyecto no contiene “una sola letra ni una sola línea que favorezca a los trabajadores”, y sostuvo que los beneficios se concentran en el sector empresarial.
La jornada de votación estuvo marcada por una huelga convocada por la CGT, que paralizó parcialmente el país con la participación de trabajadores del transporte, estatales y bancarios.
De acuerdo con Reuters, el presidente Milei busca que la ley quede aprobada antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el próximo 1 de marzo.
