México. — La Cámara de Diputados avaló en lo general una amplia reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera definitiva la fabricación, distribución, comercialización y promoción de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el territorio nacional, estableciendo además penas de hasta ocho años de prisión para quienes infrinjan la ley.
Con una mayoría clara en la votación, el pleno aprobó imponer sanciones penales de uno a ocho años de cárcel, acompañadas de multas económicas que pueden superar los 200 mil pesos, a cualquier persona que produzca, comercialice o distribuya estos dispositivos. La medida fue defendida bajo el argumento de proteger la salud pública, particularmente de menores de edad, ante el creciente uso de estos productos.
Prohibición absoluta en todo el país
La reforma establece una prohibición integral de cualquier actividad relacionada con estos dispositivos, incluyendo su fabricación, preparación, almacenamiento, transporte, importación, exportación, distribución, venta y suministro. Asimismo, se prohíbe toda forma de publicidad o promoción, ya sea en medios digitales, impresos, televisión, radio o cualquier otro canal de difusión.
La ley define a los vapeadores como mecanismos electrónicos o mecánicos diseñados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, con el fin de ser inhaladas por los consumidores, aun cuando no contengan tabaco.
Cambios al Fondo de Salud y compra de medicamentos
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron modificaciones relacionadas con el manejo de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de porcentajes fijos de aportación que anteriormente se destinaban al tratamiento de enfermedades de alto costo, infraestructura médica y adquisición de medicamentos para personas sin seguridad social.
De igual manera, se avaló una nueva disposición que obliga a que las empresas participantes en compras consolidadas de medicamentos cuenten con laboratorios o instalaciones productivas dentro del país, con el fin de impulsar la industria farmacéutica nacional y reducir la dependencia de insumos extranjeros.
Debate dividido en el Congreso
Aunque la iniciativa fue aprobada con una mayoría contundente, algunos legisladores manifestaron su preocupación por la criminalización de pequeños comerciantes y consumidores, advirtiendo que la medida podría fomentar el mercado negro. No obstante, la mayoría parlamentaria sostuvo que los beneficios en materia de salud pública superan los riesgos económicos.
El dictamen ahora continuará su proceso legislativo para su discusión en lo particular, donde se analizarán posibles reservas antes de su eventual entrada en vigor.
