Jalisco, México.– El asesinato de Alberto Prieto y el reciente secuestro de una familia en el municipio de Tonalá podrían formar parte de una misma línea de investigación relacionada con redes de préstamos ilegales conocidos como “créditos por goteo”, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, tras encabezar la reunión estatal de seguridad.
De acuerdo con el mandatario, las autoridades analizan ambos hechos como posibles acciones derivadas de estructuras criminales dedicadas al cobro violento de deudas. Lemus explicó que testigos del secuestro ocurrido en Tonalá refirieron que los responsables hablaban con acento sudamericano, lo que reforzó la hipótesis de la participación de grupos extranjeros, presuntamente de origen colombiano, vinculados a este tipo de esquemas financieros ilícitos.
El gobernador indicó que la principal línea de investigación apunta a que las víctimas habrían tenido relación con este sistema de préstamos informales, caracterizados por intereses elevados y métodos de cobro mediante amenazas, privaciones de la libertad y agresiones físicas. Señaló que, en el caso del “levantón” en Tonalá, el objetivo habría sido presionar para el pago del adeudo.
Lemus expresó su expectativa de que las personas privadas de la libertad puedan ser liberadas en breve, al tiempo que subrayó que tanto el asesinato de Prieto como el secuestro están siendo analizados por las autoridades estatales bajo un mismo contexto delictivo.
Derivado de estos hechos, el gobernador informó que se acordó citar al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) para reforzar la coordinación interinstitucional y revisar los mecanismos de control y seguimiento de personas extranjeras que ingresan al país, particularmente aquellas con antecedentes delictivos.
Como antecedente, recordó un caso ocurrido durante el periodo decembrino, cuando un ciudadano colombiano con historial por tráfico de cocaína en México y Estados Unidos fue baleado en Jalisco, atendido médicamente y posteriormente abandonó el país el mismo día sin que existiera una alerta migratoria.
Ante este escenario, Lemus señaló que se solicitó al INM compartir información más detallada sobre el ingreso de personas extranjeras con antecedentes criminales, a fin de que puedan ser investigadas oportunamente o, en su caso, deportadas para evitar riesgos a la seguridad pública.
Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar el alcance real de estas redes de préstamos ilegales en Jalisco, así como su posible vínculo con otros hechos delictivos registrados recientemente en la entidad.
