Arrestan en EU a líderes de secta religiosa por explotación y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de David Taylor y Michelle Brannon, señalados como líderes de una red de tráfico de personas y lavado de dinero que operaba bajo la fachada de la Iglesia Global del Reino de Dios (Kingdom of God Global Church), con sede en Michigan.

La red de explotación

Taylor, de 53 años, se presentaba como apóstol de la organización, mientras que Brannon ejercía como directora ejecutiva. Según las investigaciones, ambos forzaban a sus seguidores a trabajar en centros de atención telefónica (call centers) para recaudar donaciones millonarias, sin ofrecer remuneración alguna a los empleados.

Entre 2014 y 2025, las autoridades estiman que Taylor acumuló aproximadamente 50 millones de dólares provenientes de estas actividades. Además, reclutó a varias personas como asistentes personales, quienes realizaban tareas de servicio, transporte y cuidado, incluidas órdenes específicas relacionadas con mujeres de la congregación, sin recibir pago.

Condiciones y abusos

Los empleados y asistentes personales estaban sujetos a estrictas normas que incluían privación de sueño, trabajo adicional, restricciones alimenticias, agresiones físicas y amenazas de castigos espirituales. Las víctimas también eran obligadas a cortar vínculos con familiares y amigos críticos de la organización y a dormir en los centros de trabajo o en propiedades del ministerio.

Financiamiento y uso de recursos

Además de los donativos, Taylor y Brannon explotaban programas gubernamentales de asistencia alimentaria, obligando a las víctimas a inscribirse haciéndose pasar por personas sin hogar, apropiándose de los recursos para su propio consumo y estilo de vida ostentoso, que incluía automóviles de lujo, vehículos todo terreno, jet skis y un bote.

Investigación y cargos

Hasta agosto de 2025, las autoridades identificaron al menos ocho víctimas de trabajos forzados. Taylor y Brannon enfrentan cargos por trabajo forzado y conspiración para lavado de dinero, con penas que podrían sumar hasta 60 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares.