México.— Académicos, juristas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y juzgadores difundieron un pronunciamiento conjunto en respaldo de la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien enfrenta un procedimiento administrativo ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por una resolución vinculada con la reforma judicial.
El documento está respaldado por docentes e investigadores de instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el ITESO.
Al pronunciamiento también se sumaron especialistas de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Países Bajos e Irlanda, así como exservidores públicos y representantes de asociaciones de juzgadores.
Procedimiento contra la jueza Martha Magaña
El procedimiento disciplinario contra Magaña se originó en agosto de 2024, cuando la juzgadora concedió una suspensión provisional para detener temporalmente actos del proceso legislativo de la reforma constitucional en materia judicial.
A partir de esa determinación, el tribunal le atribuyó una presunta falta grave calificada como “descuido” en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el material difundido sobre el caso, la jueza podría enfrentar sanciones como la destitución o la inhabilitación.
Los firmantes señalaron que utilizar el régimen disciplinario para sancionar el sentido de una decisión jurisdiccional podría vulnerar la independencia judicial. Consideraron especialmente grave que una interpretación jurídica distinta a la de las autoridades investigadoras pueda derivar en responsabilidad administrativa.
“Consideramos especialmente grave que una decisión jurisdiccional pueda dar lugar a responsabilidad disciplinaria por el hecho de sostener una interpretación jurídica distinta de la compartida por las autoridades que la investigan”.
El pronunciamiento sostiene que las leyes ya contemplan mecanismos para revisar, modificar o revocar las resoluciones judiciales. Entre ellos se encuentran los recursos de revisión y apelación, mediante los cuales las partes inconformes pueden acudir ante una instancia superior.
Por ello, los especialistas enfatizaron que una discrepancia sobre la interpretación de una norma no constituye, por sí misma, una infracción disciplinaria.
Advierten riesgos para la independencia judicial
En relación con el control constitucional de las reformas a la Carta Magna, el documento afirma que su revisión judicial forma parte de un debate jurídico vigente. Como referencia, menciona que tribunales de Colombia, Brasil e India han emitido sentencias en las que se cuestionaron modificaciones constitucionales.
Los firmantes argumentaron que la independencia judicial comprende la libertad de interpretar y aplicar el derecho sin temor a represalias por el contenido de una resolución. Advirtieron que la facultad disciplinaria no debe utilizarse para imponer criterios jurídicos o inhibir decisiones que resulten incómodas para otros poderes públicos.
El texto también menciona los casos de los juzgadores Gelacio Villalobos, Sergio Sigales, Gabriela Ruiz, María Citlallic Vizcaya, Agustín Buenrostro, Juan Gerardo Anguiano, Luis Fernando Arreola Villa y José Antonio Lozano Batarse. Según el pronunciamiento, esos procedimientos también requieren atención pública y una revisión cuidadosa de las garantías de independencia judicial y debido proceso.
En el caso de Sergio Sigales, juez de Colima, el material refiere que el Tribunal de Disciplina Judicial analiza un proyecto que plantea su destitución e inhabilitación definitiva por presuntas irregularidades relacionadas con cuatro procedimientos abreviados. Las acusaciones señalan una supuesta reducción de penas para cinco personas procesadas por delitos como posesión de drogas y portación de armas. El señalamiento permanece sujeto al procedimiento correspondiente.
Piden respeto al debido proceso
Finalmente, los académicos, juristas y organizaciones solicitaron que se respeten las garantías procesales de Magaña y de los demás juzgadores mencionados. También llamaron al Tribunal de Disciplina Judicial a proteger la libertad de interpretación constitucional.
“Defender la independencia de una jueza no significa compartir necesariamente sus resoluciones. Significa defender el derecho de todas las personas a ser juzgadas por tribunales libres de presiones y represalias”.
El pronunciamiento coloca nuevamente en el debate público los límites de la potestad disciplinaria y la diferencia entre revisar una resolución por las vías legales disponibles y sancionar administrativamente a quien la emitió.
