Mexicali, Baja California.- La salida de Itsela Meza Vázquez de la dirección de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) podría derivar en una investigación relacionada con señalamientos de presunta protección a la delincuencia, reconoció el general Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
El funcionario abordó el tema durante una entrevista con medios de comunicación, en la que explicó que la separación de Meza Vázquez respondió a una estrategia institucional y a las facultades de la dependencia para realizar cambios dentro de su estructura.
De acuerdo con Carrillo, el movimiento no tuvo como propósito beneficiar o favorecer a una persona en particular. Sin embargo, al hablar de los criterios utilizados para evaluar al personal de la corporación, mencionó los resultados obtenidos, la recurrencia de errores operativos y las consecuencias relacionadas con esas fallas.
Evaluaciones consideran resultados y errores operativos
El titular de la SSCBC indicó que entre los elementos considerados para determinar la permanencia o los movimientos de mandos se encuentran los resultados de su trabajo. También señaló que se analizan los errores operativos recurrentes y sus posibles efectos, incluidas las agresiones contra agentes de la Policía derivadas de esas fallas.
Durante sus declaraciones, Carrillo hizo referencia a señalamientos sobre posibles actividades de protección a la delincuencia. Sostuvo que, si existen elementos relacionados con este tipo de conductas, la institución tiene la obligación de actuar.
“Pudiera haber una investigación relacionada con esta persona”, expresó el general al referirse a la salida de la exdirectora de la FESC.
No obstante, el funcionario no confirmó que ya se encuentre abierta una investigación contra Meza Vázquez. Tampoco detalló cuáles serían los señalamientos específicos, quién los habría presentado o qué hechos concretos podrían ser revisados por las autoridades.
Por ello, hasta el momento, la posibilidad de una indagatoria se mantiene únicamente como un escenario mencionado por el secretario estatal. Las declaraciones no representan la confirmación de un procedimiento en curso ni establecen responsabilidades contra la exfuncionaria.
Salida fue presentada como una decisión institucional
Carrillo insistió en que el cese formó parte de una estrategia interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. En su explicación, separó la decisión administrativa de la eventual posibilidad de que se realice una investigación vinculada con los señalamientos mencionados.
El general agregó que las evaluaciones se aplican a todo el personal sin hacer distinciones por su formación militar o civil. Aseguró que tampoco se considera si se trata de hombres o mujeres, debido a que el criterio institucional se concentra en los resultados obtenidos dentro de la corporación.
Estas evaluaciones, según lo expresado por el funcionario, incluyen tanto el desempeño como la existencia de fallas repetidas y las consecuencias que pueden ocasionar durante las operaciones. No ofreció información adicional sobre incidentes específicos que hayan influido en la separación de Meza Vázquez.
Primera mujer al frente de la FESC
Itsela Meza Vázquez fue nombrada coordinadora general de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en agosto pasado. Con esa designación se convirtió en la primera mujer en encabezar la corporación estatal.
Su permanencia al frente de la FESC concluyó a principios de noviembre, cuando fue separada del cargo. La SSCBC presentó el cambio como parte de sus atribuciones para reorganizar la estructura y evaluar el desempeño de sus mandos.
Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre el futuro administrativo de Meza Vázquez ni sobre la posible investigación mencionada por Carrillo. Tampoco se informó qué autoridad, en su caso, estaría encargada de revisar los señalamientos.
En consecuencia, la información confirmada se limita a la separación de la exdirectora, los criterios de evaluación explicados por el secretario y su declaración sobre la posibilidad de una indagatoria. Cualquier determinación adicional dependerá de que las autoridades anuncien formalmente la apertura de un procedimiento y precisen los hechos que serían investigados.
