Desde el penal del Altiplano, líder del CIPOG-EZ pide a Claudia Sheinbaum revisar su caso – El Canal de las Noticias Digital
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Desde el penal del Altiplano, líder del CIPOG-EZ pide a Claudia Sheinbaum revisar su caso

Jesús Plácido Galindo afirmó en una carta manuscrita que es un luchador social y no un criminal; también solicitó atención para otro promotor indígena encarcelado en Chilpancingo.

Almoloya de Juárez, Estado de México.— Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), envió una carta desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitó revisar su caso y garantizar que se le haga justicia.

En el documento escrito a mano, Plácido Galindo sostiene que no es un delincuente y rechaza la acusación de homicidio por la cual fue detenido. El dirigente indígena afirma que su trayectoria ha estado vinculada con la defensa de comunidades originarias y con la gestión de servicios y obras públicas en Guerrero.

De acuerdo con el contenido de la carta, su detención ocurrió el 17 de julio en la comunidad de Monte Alto, municipio de San Marcos. El material disponible no precisa el año ni proporciona detalles sobre la víctima, la carpeta de investigación, la etapa procesal o los elementos presentados por las autoridades para sustentar la imputación.

“Soy Jesús Plácido Galindo, pertenezco a una estirpe de luchadores sociales”, señala el dirigente en su mensaje. También identifica a su padre, Cirino Plácido Valerio, y a su tío, Bruno Plácido, como impulsores y fundadores de las policías comunitarias en Guerrero.

Plácido Galindo agrega que es delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), promotor del CIPOG-EZ y beneficiario, desde 2020, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según su relato, las medidas que recibió incluían un botón de pánico y un teléfono satelital.

Expone violencia contra integrantes del CIPOG-EZ

En la misiva, el dirigente asegura que el CIPOG-EZ ha registrado 86 asesinatos y 26 desapariciones entre sus integrantes. También sostiene que los responsables no han sido sancionados. Estas cifras corresponden a lo expresado por el propio dirigente en su carta.

El activista señala que su trabajo se ha concentrado en denunciar injusticias contra pueblos indígenas y acompañar gestiones relacionadas con caminos, carreteras, agua potable, escuelas, ambulancias y proyectos productivos. Añade que ha participado en acciones contra las adicciones y en esfuerzos para evitar el desplazamiento de comunidades por parte del crimen organizado.

Asimismo, recordó que anteriormente habló con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle que las comunidades vinculadas con el CIPOG-EZ enfrentaban discriminación, falta de obras y agresiones contra sus integrantes.

En su petición a Sheinbaum, Plácido Galindo afirma que su actividad siempre se desarrolló mediante asambleas comunitarias y en coordinación con autoridades locales, comisarios y representantes ejidales y comunales. También argumenta que, por las medidas de protección con las que contaba, solía estar acompañado por elementos de seguridad estatales o federales.

“Yo soy un luchador social y no un criminal”, expresa en uno de los fragmentos. En otro apartado aclara que no solicita un trato especial y que su exigencia consiste únicamente en recibir justicia.

También menciona a otro promotor encarcelado

La carta incluye una referencia a Sixto Mendoza Limpia, otro promotor del CIPOG-EZ que, según Plácido Galindo, permanece encarcelado injustamente en el penal de Chilpancingo. El dirigente pidió que las autoridades federales también atiendan su situación.

Al cerrar el mensaje, Plácido Galindo sostiene que los luchadores sociales han sido víctimas de discriminación y de acusaciones utilizadas para silenciarlos. Por ello, pidió a la presidenta escuchar a las comunidades de Guerrero y revisar las circunstancias de su detención y encarcelamiento.

En el material proporcionado no se incluye una respuesta de la Presidencia de la República ni un posicionamiento de las autoridades ministeriales o judiciales encargadas del proceso. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las investigaciones y resoluciones de las instancias competentes, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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